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Ley de coordinación fiscal, rotundo fracaso: Galindo

13 de agosto de 2009.

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) ha resultado un rotundo fracaso al haber sido vertiginosamente rebasada por las tormentosas realidades que hoy en día padecen los gobiernos locales, tanto en el ámbito estatal como en el municipal, aseguró el senador Ramón Galindo Noriega, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara alta.

El legislador albiceleste explicó que las directrices planteadas en la LCF generaron grandes expectativas a los gobiernos subnacionales, pues entonces se trazó la posibilidad de que aquéllos obtendrían una amplia gama de atribuciones fiscales, así como mayor presencia y capacidad de respuesta frente a la ciudadanía.

Hoy, añadió, “lo que tenemos es una anarquía fiscal que nos encamina al colapso financiero más agudo de los últimos 50 años; colapso cuyas víctimas inmediatas son los habitantes de los 2, 439 municipios del país, de los cuales casi el 95 por ciento está al borde de la bancarrota”.

Lo anterior, subrayó, pone al descubierto la nula efectividad del Sistema de Coordinación Fiscal, que a estas alturas ha demostrado ser más un artificio centralizador, que un mecanismo para la distribución equitativa y subsidiaria del ingreso”.

Galindo dijo que, a su vez, los fallidos resultados de la Convención Nacional Hacendaria derivan del centralismo exacerbado que impera en el país, mismo que ha paralizado cualquier intento por involucrar a los gobiernos locales en el desarrollo: “desde un principio la Secretaría de Hacienda se apoderó del proyecto y cuidó que las resoluciones fueran embrolladas, de manera que no respondieran a las cuestiones de fondo”.

Y continuó: “actualmente ya pasó la euforia por el federalismo fiscal, y los gobiernos locales aún carecen de recursos; las responsabilidades impositivas y de gasto no se comparten entre los tres órdenes de gobierno, y mucho menos se fomenta la actividad económica. Pero eso sí, se despilfarran los recursos petroleros y hay nulas posibilidades de que los ayuntamientos dejen atrás la dependencia vergonzante que los mantiene sumidos en la miseria y el estancamiento”.

El también exalcalde de la fronteriza Ciudad Juárez consideró que la simulación del federalismo fiscal en México ha sofocado por completo la capacidad creativa de los ayuntamientos para mejorar su capacidad recaudatoria y financiera. Por tanto, abundó, antes de discutir la implementación de nuevos impuestos, “es menester encontrar un marco legal que otorgue atribuciones a los municipios, con el propósito de que éstos vigoricen sus procesos de administración, recaudación y fiscalización de los recursos.

En este sentido, Galindo expuso que vislumbrar un nuevo marco jurídico en materia de coordinación fiscal implica modificar una serie de variables prioritarias, a saber: el desequilibrio vertical, es decir, la enorme dependencia de los gobiernos estatales y municipales respecto a las transferencias federales; el monto de los recursos que recibe cada entidad y ayuntamiento, ya que la actual distribución de las aportaciones es irracional si se considera que estados y municipios en iguales condiciones y circunstancias reciben transferencias radicalmente distintas; y la ausencia en la rendición de cuentas, así como la falta de transparencia en el quehacer de los gobiernos subnacionales, originada, entre otros aspectos, por el hecho de que la información que existe actualmente resulta insuficiente para evaluar el desempeño gubernamental en ese renglón de gobierno.

Para lograr lo anterior se requiere la voluntad de todos los actores políticos para construir un nuevo pacto fiscal federal, que le dé vigencia y funcionamiento real al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Coordinación Hacendaria, de tal manera que colegiadamente entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, tomando en cuenta los intereses y opiniones de los municipios del país, se decida la política de coordinación hacendaria entre los tres niveles de gobierno, así como la de ingreso, gasto, y deuda pública federales, que por efecto de alguna reforma pueda afectar los intereses de los gobiernos estatales y municipales.

“Podemos desde este momento anticipar la inconformidad y las expresiones enérgicas de comunidades en condiciones críticas, desprovistas de facultades y de recursos; nuestros municipios están en el paredón, tanto por la inseguridad y el crimen organizado, como por el centralismo administrativo y presupuestario que ejerce el Gobierno Federal”, agregó Galindo.

“La supuesta coordinación fiscal actual está cayendo por su propio peso, es una bomba de tiempo que debemos desarticular o rediseñar desde el Congreso, pues, de no hacerlo, corremos el riesgo inminente de que nos explote en las manos”, finalizó.



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