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Analiza el Congreso, agresión de García Luna contra Proceso

18 de agosto de 2009.

México D.F., 17 de agosto de 2009 (Jenaro Villamil / Proceso).- En lo que constituyó un acto sin precedentes, el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, Javier González Garza, presentó al Congreso de la Unión una propuesta con punto de acuerdo para que se exhorte al gobierno federal, en particular a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a garantizar “la libertad de expresión y de prensa del semanario Proceso y de todos los medios de comunicación, así como la integridad y seguridad de sus reporteros, editorialistas y equipos de producción”.

Dirigida a los 38 integrantes de la Comisión Permanente, la petición fue expuesta el miércoles 12 en la tribuna del Senado y en ella también se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que le dé “trámite expedito a las investigaciones derivadas de la denuncia presentada” por este semanario el martes 4 y formule las recomendaciones públicas correspondientes, así como las denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Es la primera vez que una agresión contra un medio por parte de la SSP, dependencia que encabeza Genaro García Luna, se ventilará en el Congreso a raíz de la denuncia publicada en estas mismas páginas el pasado domingo 2.

“¿Por qué hacemos esto? –se preguntó González Garza–. Porque desde el aparato de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República toman acciones ilegales, fabrican pruebas, protegen delincuentes y el problema es que la revista Proceso ha denunciado estas cosas.”

El legislador aludía al reportaje La agresión de García Luna, firmado por Jorge Carrasco Araizaga y publicado en la edición del domingo 2 en este semanario.

El legislador citó además el reportaje Entre Los Zetas y la SIEDO…, en el que una comerciante secuestrada durante dos semanas por sicarios de Los Zetas en Nuevo Laredo declaró al reportero Ricardo Ravelo que “sus captores contaban con el apoyo de la policía ministerial de la ciudad”, y que “lo peor ocurrió cuando presentó su denuncia ante la SIEDO, en la Ciudad de México, pues funcionarios de esa dependencia pretendieron comprar su silencio para detener las investigaciones” (Proceso 1694).

González Garza prosiguió: “El problema es que la revista Proceso publica esto y de pronto la propia Secretaría de Seguridad Pública pretende involucrar a este semanario con cárteles del crimen organizado”.

Por lo anterior, a nombre de su fracción, el diputado perredista insistió: “nosotros pedimos que se apruebe un punto de acuerdo exhortando a proteger la libertad de expresión no sólo de la revista Proceso, sino de todos y cada uno de los comentaristas, periodistas que informan a la sociedad. Nos parece muy preocupante. Y nosotros esperamos que esto pueda aprobarse en la comisión correspondiente.”

La decisión, el miércoles 19



El documento entregado a los integrantes de la Comisión Permanente y publicado en la Gaceta Parlamentaria el mismo miércoles 12 lleva las firmas de los diputados González Garza y Alfonso Suárez del Real. En ese escrito afirman que la agresión contra Proceso ocurrió durante una conferencia de prensa del coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, el 29 de julio pasado, durante la presentación de Raúl Ortiz González, presunto miembro de la banda de Los Rojos.

Ese día, autoridades de la SSP exhibieron el armamento decomisado al detenido, en el que se incluían varios ejemplares de Proceso, “dando claramente el mensaje de su vinculación con el crimen organizado y poniendo en un grave riesgo a los periodistas de esta revista, violando con ello no sólo las garantías de legalidad y debido proceso al establecer la culpabilidad del medio de comunicación, sino también los derechos humanos de estos periodistas, al establecer de antemano su culpabilidad”.

Ambos legisladores recuerdan que el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, presentó el martes 4 ante la Quinta Visitaduría de la CNDH una queja para que la SSP explique por qué decidió incluir cuatro ediciones de la revista como parte de los recursos asegurados a una célula del mencionado grupo armado.

Estos hechos, según la queja de Rodríguez Castañeda, son “violatorios a los derechos humanos de los integrantes y directivos de la revista” y “pueden poner en riesgo la integridad física de los que laboramos en Proceso”.

Para los diputados, este caso es un ejemplo de cómo el gobierno federal “renuncia, una vez más, a cumplir una de las obligaciones fundamentales para las cuales fue instituido: brindar seguridad a todos y a todas las personas, en territorio nacional”.

La propuesta de punto de acuerdo será discutida y votada por los 12 senadores y diputados integrantes de la Primera Comisión de Gobernación y Justicia, de la Comisión Permanente, presidida por la senadora Yeidckol Polevnsky, del PRD. La comisión dictaminadora está integrada por cuatro legisladores del PAN, tres del PRI, tres del PRD, uno de Convergencia y uno del PVEM.



De aprobarse, será presentada ante el pleno de la Comisión Permanente el próximo miércoles 19 y será el primer exhorto público del Congreso contra funcionarios y contra el titular de la SSP, Genaro García Luna, por sus amenazas y sus intentos de vincular a un medio de comunicación con el crimen organizado.



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