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Incumplen estados en plan antisecuestros

18 de agosto de 2009.

A un año de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, ninguna de las 31 entidades federativas del país ha cumplido su compromiso en materia de combate al secuestro.

Carlos Mendoza, secretario técnico del grupo ciudadano encargado de la evaluación, aseguró que a la fecha no se han creado las unidades especializadas de combate a los plagios que fueron diseñadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y avaladas por las procuradurías de todos los estados.

Actualmente, dijo, sólo 9 estados han creado mediante acuerdo o decreto alguna unidad antiplagio, pero ninguna con el diseño y los protocolos establecidos por la PGR. "Para nosotros el resultado es malo, formalmente sólo habría nueve unidades, son las que marcan los acuerdos o los decretos que ellos nos manifiestan", indicó.

El hecho de que la creación de la unidad se dé mediante decreto o acuerdo, explicó, es para darle formalidad y que el área no desaparezca cuando se vaya el procurador en turno.

"Eso le da institucionalidad a la unidad; quizá otros ya la constituyeron, pero no hay ningún respaldo jurídico o normativo que le dé vigencia, y para nosotros es muy importante eso porque de otra manera sucede lo que en 2004, crearon unidades, pero como no estaban institucionalizadas mandaron (a los agentes) a homicidios, los mandaron a lesiones y se aburrieron y entonces al ratito se pasaron del otro lado y hoy tenemos este problema", dijo.

Las unidades antisecuestros, explicó, están compuestas por cuatro áreas que deben de contar con personal ministerial, policial, pericial y de atención a víctimas especializado y deben contar con infraestructura que les permita el intercambio de información con las mismas áreas de otras procuradurías.

El personal que participe en ellas, resaltó, debe ser altamente especializado y pasar por estricta evaluación de control de confianza.

"Digamos que como concepto cumplieron, pero en los estados no están avanzando", aseguró.

El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad fue firmado el 21 de agosto del año pasado en Palacio Nacional, para dar respuesta a la indignación ciudadana que ocasionó el secuestro de Fernando Martí.





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