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Presentará CNDH recomendación general por agresiones a periodistas

19 de agosto de 2009.

México D. F., 19 de agosto de 2009 (CNDH).-Un análisis de 500 quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre enero de 2000 y junio de 2009 y relacionadas con agravios contra periodistas, así como de las 51 Recomendaciones emitidas en dicho periodo y de los ordenamientos jurídicos existentes en la materia, reveló que las autoridades procuradoras de justicia federales y estatales han vulnerado en perjuicio de los comunicadores y de los medios informativos los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión.

Esta Comisión Nacional subraya la urgente necesidad de impulsar una procuración de justicia efectiva, completa e independiente, ante las agresiones contra el gremio periodístico. Considera que las investigaciones de la autoridad nunca serán suficientes en tanto los ataques y crímenes no se resuelvan y no se identifique y castigue a los responsables, y mientras no se conozca el paradero de los periodistas desaparecidos.

En el análisis se advierte que las autoridades encargadas de procurar justicia han incurrido en dilación y deficiente integración de las indagatorias en los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación, así como en una generalizada propensión a descartar de antemano que el móvil de las agresiones a los comunicadores agraviados sea su labor periodística, lo que ha impedido actualizar en muchos casos una violación al derecho a la libertad de expresión.

A la fecha, la CNDH tiene documentados los casos relacionados con la muerte de 50 periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo, así como la desaparición de siete periodistas y seis atentados con explosivos a instalaciones de periódicos.

Dicho análisis concluye que el inadmisible cumplimiento, por parte de las autoridades procuradoras de justicia, de su obligación de investigar en forma efectiva y completa los ataques contra los profesionales de la comunicación, así como su negligencia, permiten que los autores materiales e intelectuales de los ilícitos queden sin sanción penal, lo cual genera un clima de impunidad institucionalizada.

En su Recomendación General Número 17, sobre los derechos de los periodistas y la impunidad existente en los casos de agravios sufridos por éstos, dirigida a las gobernadoras y gobernadores de los Estados, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al procurador general de la República, que será presentada mañana miércoles por el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, la CNDH considera que cada agresión al gremio periodístico es un ataque directo a la vigencia del Estado de derecho, como también lo es la inacción de la autoridad, que desemboca en impunidad y a la vez se constituye en aliento para quienes han escogido la violencia para favorecer sus intereses.

Entre los agravios contra periodistas sobresalen por su gravedad los homicidios, desapariciones forzadas, lesiones, amenazas e intimidación, así como los atentados contra las instalaciones de medios informativos, todo lo cual ha ocurrido en 19 entidades federativas, a saber: 9 homicidios en Tamaulipas, 7 en Chihuahua, 6 en Veracruz, 5 en Guerrero, 4 en Michoacán, 4 en Oaxaca, 3 en el Estado de México, 3 en Durango, 2 en el Distrito Federal, 2 en Sinaloa, 1 en Baja California, 1 en Chiapas, 1 en Jalisco, 1 en Sonora y 1 en Tabasco. En cuanto a las desapariciones, ocurrieron 2 en Michoacán, 2 en Nuevo León, 1 en Coahuila, 1 en Sonora y 1 en Tabasco. Respecto de ataques con explosivos: 2 en Quintana Roo, 1 en Yucatán, 1 en Tamaulipas, 1en Sonora y 1 en Sinaloa.

Si bien es cierto que la autoría de los homicidios, desapariciones forzadas y atentados a medios de comunicación no es atribuible en principio a autoridades, también lo es que la impunidad que persiste por la falta de resultados respecto de su esclarecimiento se debe a que no se ha realizado una investigación efectiva y eficaz en cada caso por parte de las instancias procuradoras de justicia.



Este Organismo nacional logró acreditar que en la mayoría de los asuntos no ha existido respuesta decidida y efectiva por parte de autoridades federales y estatales en la investigación de los hechos y, en consecuencia, no se ha logrado la correspondiente sanción a los responsables materiales e intelectuales. Esto, además de implicar una negativa fáctica al acceso al a justicia, evidencia que autoridades de los tres niveles de gobierno no han contribuido a crear las condiciones adecuadas para garantizar el ejercicio de la profesión periodística.

De acuerdo con el seguimiento de las averiguaciones previas que ha realizado la CNDH sobre los casos de periodistas agraviados y medios de comunicación agredidos, se observan irregularidades en las investigaciones ministeriales, tales como: se concluyen los expedientes sin agotar previamente todas las líneas de investigación; se omite girar citatorios, órdenes de comparecencia, búsqueda, localización, investigación y presentación de personas clave para el esclarecimiento de los hechos; declaraciones iniciales incompletas de los testigos y de probables responsables; falta de control y supervisión en la integración de las averiguaciones; falta de aplicación de técnicas de investigación policial efectivas; falta de disposiciones o medidas para impedir la pérdida, destrucción o alteración de huellas o vestigios del delito; falta de participación oportuna de peritos en diversas materias; dilación y largos periodos de inactividad en las actuaciones, y rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión.

Para esta Comisión Nacional las deficiencias documentadas en el sistema de impartición de justicia, así como la corrupción y el abuso de poder que han proliferado en las instituciones y ante la ausencia de programas de inspección y supervisión eficaces, de sanciones puntuales y ejemplares para aquellos servidores públicos infractores o negligentes, que en su conjunto han propiciado el aumento en la impunidad respecto de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, merecen una especial atención y demandan un cambio de actitud institucional. Los gobiernos federal y estatales deben asumir, como requisito indispensable para que prevalezca un estado de derecho, su obligación de asegurar el pleno goce y respeto a los derechos humanos de los periodistas como miembros de la sociedad y como agentes sociales cuya función, de interés público, debe salvaguardarse.



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