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Cuatro periodistas más agredidos por el Ejército en el norte del país

19 de agosto de 2009.

México D.F., 18 de agosto de 2009 (ARTICLE19 / Cencos).- Elementos del Ejército mexicano en Monclova, Coahuila (norte) privaron de la libertad e incomunicaron a cuatro periodistas durante casi 16 horas. La agresión ocurrió el 7 de agosto a las 10:30 de la noche cuando los comunicadores se dirigían a cubrir un operativo militar; sin embargo, cuando llegaron al lugar vieron que el convoy militar ya se dirigía a las instalaciones militares y por tanto se retiraron. Fue unas calles adelante cuando militares los interceptaron, los amarraron e interrogaron.

Los agredidos: Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, del periódico Zócalo; Jesús Arnoldo González Meza, del diario La Voz; y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4, fueron acusados de pertenecer a una célula del crimen organizado.

Tras privarlos de la libertad, los elementos del Ejército dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes a los periodistas, al vendarles los ojos, esposarlos y golpearlos, además de que les imputaron posesión de enervantes, armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, tras lo cual fueron presentados ante el Ministerio Público Federal donde se les dictó auto de libertad.

Durante las 16 horas que duró la detención arbitraria, los cuatro reporteros fueron transportados en una unidad del Ejército mientras recibían agresiones físicas, y fue hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente cuando los interrogaron acerca del arma y cartuchos que supuestamente tenían y fue entonces que se les atribuyó ser miembros de un grupo del crimen organizado.

Esta agresión a la libertad de expresión fue denunciada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 9 de agosto, dos días después de la agresión y posteriormente, el 11 de agosto, el organismo autónomo emitió la recomendación (52/2009) dirigida a Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. La recomendación establece: “acreditando que se vulneraron los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personales, así como a la libertad de expresión de los reporteros agraviados, por actos consistentes en una detención arbitraria, retención indebida y trato cruel e inhumano, después de pretender cubrir una nota relativa a las actividades realizadas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Monclova, Coahuila.”

Sumado a esto, la queja consigna que los mandos superiores de los militares agresores toleraron la conducta de sus subordinados e incluso otros “servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, como el médico que certificó el estado físico de los agraviados, [asentó] en el documento oficial que expidió, que no se les encontraron lesiones” a las víctimas.

Por su parte el Ministerio Público abrió una averiguación previa la cual se turnó a su homólogo militar, ya que el fuero militar impide que elementos del Ejército sean juzgados por la justicia civil, y este determinó que la averiguación se archivara argumentando la extinción de la acción penal debido a que el subteniente de Infantería que tenía a cargo el operativo en Monclova había fallecido.

Además, la Sedena impidió que el personal de la CNDH entrevistara a los elementos militares involucrados en la agresión a los cuatro periodistas.

ARTICLE19 y Cencos, hacen un llamado al titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jaime Antonio López Portillo Robles Gil, para que acepte la recomendación 52/2009 emitida por la CNDH y realice las indagaciones correspondientes para que este caso de agresión a miembros de los medios de comunicación no quede en la impunidad, como lo planteó el propio López Portillo Robles Gil durante una conferencia de prensa el pasado 23 de julio de 2009 cuando negó que “la justicia militar haga concesiones a los integrantes de las fuerzas armadas”.

Asimismo ARTICLE19 y Cencos solicitan al poder Ejecutivo que considere este hecho como una prueba más de las violaciones a los derechos humanos de los y las ciudadanas mexicanas por parte de las fuerzas castrenses y actúe en consecuencia.





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