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Urgen acciones decididas en materia de seguridad pública: Muñoz Hepo

24 de agosto de 2009.

El reconocimiento de la magnitud del problema, y la aceptación de la responsabilidad primaria, son condiciones indispensables para llegar a la solución del mismo, gobierno del estado y municipio no cumplen con su responsabilidad.

Por espacio de, ya casi, dos años, la sociedad juarense ha sido lastimada en uno de los más altos derechos de los seres humanos: el derecho a vivir en paz.

De acuerdo con el Índice Global de la Paz, presentado en Nueva York en el seno de la ONU, nuestro país presenta una caída consistente ya que ocupaba el lugar 79 en el 2007, luego descendió al lugar 93 en 2008 y, en el más reciente reporte (junio de 2009), ha caído al lugar 108 de un total de 144 países evaluados.

Lo significativo de estas cifras, y contrario a lo que pudiera pensarse, es que la comisión de los delitos que más afectan negativamente el Índice, son los llamados del orden común. De acuerdo con datos de CIDAC, el 95% del total de los delitos cometidos en todo el país, son delitos del fuero común, es decir, que su atención e investigación, corresponden a las autoridades locales.

Esto explica, la caída sostenida del Índice Global de la Paz en nuestro país, haciéndolo uno de los más inseguros a nivel mundial, principalmente por la falta de atención de los gobiernos locales a problemas como la prevención e investigación del delito.

Según el “Índice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009” del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., en México se asesina a casi 11 personas por cada 100 mil habitantes; sin embargo, tan sólo en el estado de Chihuahua, esta cifra es de 47 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y de esos el 65% corresponden a números de Ciudad Juárez, es decir, que nuestra entidad está por encima de la media nacional en un 427%.

Esos números colocan a nuestro estado, como la 4ª población más insegura de todo el mundo, y también ponen en relieve que la inseguridad no es un problema generalizado en todo el territorio de la República Mexicana, si no que es una problemática muy focalizada en cinco o seis estados de los 32 que integran la federación.

En Ciudad Juárez, de acuerdo con estadística oficial proporcionada por la Subprocuraduría Zona Norte de la PGJE, del universo total de delitos cometidos del 1º de enero al 31 de julio del presente año, que es de 16,241, sólo un poco más del 3.5% corresponden a delitos de competencia federal. El resto, el 96.5% son de responsabilidad local.

“Delitos como el robo a negocios o casa habitación, el robo de vehículos, el secuestro, la extorsión y la violencia familiar, ocupan una gran parte de la estadística delictiva. Lo peor es que en un porcentaje muy alto, son delitos que no se resuelven y menos se investigan”, señaló Gustavo Muñoz Hepo, Coordinador de los regidores panistas en el Ayuntamiento.

Hacemos esta afirmación porque, según la información oficial, de un total de 4,261 personas detenidas, durante ese mismo periodo del año, tan sólo se han judicializado (consignado ante un juez) 566 casos, es decir, el 13.3%, lo que a todas luces refleja un índice de efectividad muy por debajo de los estándares óptimos. Sólo uno de cada 10 detenidos es procesado.

Con presupuestos máximos históricos en 2008 y 2009 para Seguridad Pública, los juarenses exigen saber en qué y cómo se han gastado esos recursos, por qué hoy no tenemos una corporación policiaca municipal que nos brinde protección y seguridad a los juarenses, y por qué las corporaciones estatales como la CIPOL y la Agencia Estatal de investigaciones o el mismo ministerio público, no están actuando efectivamente.

La sociedad juarense está lastimada, severamente lastimada y lo menos que merece de sus autoridades es un compromiso real de solución a sus problemas y, en este caso en particular, la certeza de que nuestro derecho a la seguridad y la paz se aplique.

Esta Fracción exige de las diversas autoridades locales, estatales y municipales, todo el esfuerzo, las acciones y decisiones necesarias para brindar a los juarenses la seguridad que necesitamos, a partir de un reconocimiento cabal de la realidad que estamos viviendo.



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