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Gobierno Federal intenta encarcelar a mujer indígena que ejerce su libertad de expresión

1 de septiembre de 2009.

México D.F. , 1 de septiembre de 2009 (Organizaciones de la Sociedad Civil Mexicana).- Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro más profundo rechazo y preocupación frente a la reciente decisión de la Procuraduría General de la República de ejercitar acción penal en contra de la señora Rosa Cruz Rosas, mujer indígena purépecha, casi monolingüe, de Ocumicho, Michoacán, acusada de operar una radio indígena comunitaria sin permiso del Estado. Como consecuencia de la consignación, un juez penal federal con residencia en Michoacán, deberá resolver si otorga una orden de aprehensión en contra de la señora Cruz, tal y como lo solicitó el agente del Ministerio Público de la Federación.

La resolución de la PGR tiene su origen en la denuncia que presentó la Secretaría de Gobernación, el año pasado, en contra de la señora Cruz, a quien acusó de usar, aprovechar y explotar el espectro radioeléctrico sin permiso de la COFETEL, conducta tipificada en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Quienes son acusados de cometer este delito, corren el riesgo de que se les imponga una pena que va de 2 a 12 años de prisión y una multa que oscila entre los $16,440 y los $54,800, según lo dispone el artículo 149 de la misma ley.

La señora Cruz pertenece a la radio Uékakua (la preferida), de Ocumicho, Michoacán, de 3 watts de potencia, única en esa comunidad que transmitía en lengua purépecha. Desde 2002 solicitó permiso para transmitir, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta por parte de la autoridad. Esto violenta el artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a operar sus propios medios de comunicación, reforzado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estableció que en la Ley Federal de Radio y Televisión existe una omisión legislativa.

El 29 de enero de este año, más 100 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones acudieron a las instalaciones de la radio y con uso desmedido de la fuerza los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio.

Cabe destacar que la señora Cruz no se encontraba en la emisora el día del operativo, días después de éste con el engaño de que se le iba a devolver el equipo, unos desconocidos que se presentaron en la comunidad la hicieron firmar un documento, a pesar de que no sabe leer ni escribir, semanas después, el 13 de junio, recibió un citatorio solicitándole su comparecencia en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público de la Federación ubicada en Uruapan, Michoacán, en calidad de indiciada violentando el derecho al debido proceso. Además se determinó ya su consignación a pesar de que se solicitó al MP una nueva fecha para que ella pudiera preparar su declaración.

La persistencia por parte de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa – suficiente para recuperar la frecuencia-, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias, en este caso lo hace además en contra de una mujer indígena que tiene que enfrentar un proceso penal ilegal e infundado en una situación de vulnerabilidad por su situación de pobreza y escasos recursos de defensa por su dificultad para hablar en español.

La persecución penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcionada e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han demostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso.

Cabe recordar que los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos han dicho que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y por tanto su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben privilegiarse otras vías, de no ser así su empleo resulta abusivo y criminalizante.

Las radios comunitarias, por su naturaleza, aunque emplearan el espectro radioeléctrico sin permiso, en ninguna forma ponen en peligro ni generan daño alguno al bien, pues las radios tienen fines estrictamente sociales. Por tanto, el empleo de la vía penal no resulta necesaria ni proporcional, pues hay medios menos lesivos para que el Estado salvaguarde el espectro radioeléctrico.

Por tanto, las organizaciones firmantes expresan su rechazo en contra de esta política de criminalización en contra de integrantes de radios comunitarias y hacen un llamado urgente a las autoridades a fin de que cesen esta persecución y lleven a cabo las acciones necesarias a fin de resolver las solicitudes pendientes de permiso de manera inmediata.

Particularmente, las organizaciones hacen un enérgico llamado al Juez ante quien se consignó el expediente para que, basado en los argumentos de derechos humanos, determine negar la orden de aprehensión en contra de la señora Rosa Cruz por no haber elementos.

Organizaciones Firmantes:

- Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)

- Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)

- Article 19, México

- Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” A.C.

- Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”

- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

- Comunicación e Información de la Mujer A.C. CIMAC

- Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos

- Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.

- Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”





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