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Periodistas en la simulación laboral

4 de septiembre de 2009.

México D.F., 4 de septiembre de 2009 (Nelly Olivos / Forum).- Durante décadas el modelo neoliberal implantado en nuestro país ha ido modificando el sistema laboral conduciéndonos a un esquema de simulación laboral.

De esta gran ficción no estamos exentos los comunicadores sociales. Aproximadamente 30 mil periodistas laboran en las casi dos mil estaciones de radio y televisión, en los cientos de publicaciones periódicas y en los nuevos medios multimedia (internet), en condiciones laborales adversas.

Según datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), correspondientes al período enero-diciembre de 2007, un recién egresado de la carrera de ciencias de la comunicación en promedio ganaba 7 mil 298 pesos. Por su parte, la investigación Condiciones laborales de las y los periodistas en México, elaborada por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), señala que “el 41 por ciento de los hombres percibe un salario mínimo profesional, que va desde los 148 a los 157 pesos diarios, en tanto esta remuneración la recibe el 21 por ciento de las periodistas.”

Para el presente año, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijó el sueldo del “reportero (a) en prensa diaria impresa” en $164.18, para la zona geográfica A; $160.03, para la zona B, y $155.38 para la zona C. Siendo éste, justamente, el sueldo más alto establecido por dicha comisión.

Una profesión de tanta responsabilidad como es la del periodista, debería estar acompañada de una estabilidad económica que permita a los profesionales de los medios de comunicación, como se cita en la Ley Federal del Trabajo, “… satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos”, como a cualquier otro trabajador.

Lamentablemente, el panorama no es optimista para los miles de trabajadores, en general, ni mucho menos para los periodistas que acostumbrados a defender las causas más nobles han dejado de lado su propia lucha laboral.

En agosto de 2006, los entonces diputados Maki Esther Ortiz Domínguez y Evaristo Corrales Macías, del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron una iniciativa que adiciona el capítulo IX-Bis a la Ley Federal del Trabajo, justamente en el apartado de Trabajos Especiales, así como los artículos 291-A, 291-B, 291-C, 291-D, 291-E, 291-F y 291-G de dicha ley con la intención de otorgar derechos laborales a los periodistas.

Es necesario señalar que en la legislación vigente están contemplados como trabajos especiales los de deportistas profesionales, actores y músicos, entre otros. ¿A caso no es la profesión de periodista tan importante como las citadas anteriormente para contemplar situaciones específicas de trabajo?

En la exposición de motivos de la propuesta de los entonces legisladores panistas encontramos la respuesta:

“Los informadores no tienen horario; la noticia sucede dentro de lo inesperado. Para los informadores no hay día ni noche, se ven obligados a separarse de la familia; siempre se encuentran en primera línea, en el frente, en la trinchera o la barricada. Su profesión es de gran riesgo y así como tienen el privilegio de vivir la historia, están expuestos a sucumbir en sus tragedias.”

Entre los puntos importantes de dicha propuesta es necesario resaltar el artículo 291-F, que establece la prohibición de exigir a los trabajadores realizar actividades que puedan poner en peligro la salud o la vida, lo que significa que los encargados de cubrir los temas de seguridad o narcotráfico no estarían obligados a reportear dichos temas, pues los colocan en una grave situación de riesgo.

El senador panista Marko Antonio Cortés fue más allá y presentó, el año pasado, una iniciativa para crear la Ley de la Libertad de Conciencia de los Profesionales de la Información, que en esencia establece que los periodistas podrán concluir su relación laboral con la empresa en cuanto exista “un cambio sustancial de la línea informativa o editorial o se ordenen funciones que sean un conflicto con la orientación profesional del informador” y solicitar la indemnización correspondiente si llegara a presentarse tal situación.

De acuerdo a la investigación del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Documentación, educación y promoción de los derechos humanos de los periodistas, el despido injustificado de los periodistas es uno de los primeros tres problemas que los profesionales de la información han enfrentado en su vida laboral.

Las buenas intenciones

Recientemente el Ejecutivo y el Legislativo de algunas entidades federativas han volteado a ver a los periodistas, más allá del constante tema de las agresiones que viven día a día, y han trabajado en propuestas para mejorar las condiciones del trabajo periodístico. Tal es el caso de Oaxaca con la iniciativa de Ley de Fomento a la Actividad Periodística del Estado y de Baja California con la propuesta de crear la Ley de Derechos y Bienestar Social del Periodista, por citar tan sólo dos ejemplos.

Ambas propuestas legislativas tienen como factor común que el gobierno del estado asuma parte de las responsabilidades que corresponden al patrón.

En el caso de Oaxaca se busca establecer que el gobierno celebre convenios, a través de la Secretaría de Salud, con las diversas organizaciones de periodistas con el propósito de “ofrecer atención médica gratuita al propio comunicador y a sus familiares consanguíneos en línea directa, ofreciéndose estos servicios en los hospitales de jurisdicción”.

Por su parte, la Ley de Derechos y Bienestar Social del Periodista, de Baja California, propone como uno de los derechos de los periodistas “el acceso a los servicios de salud pública o privados con los que el estado haya convenido para tal efecto”.

En particular, los ejemplos señalados con anterioridad dejan ver una pretensión de crear un sistema de dádivas entre periodistas y gobierno, pues no está clara quienes va a determinar el acceso a estos servicios. En el momento que un periodista sea considerado incómodo para las autoridades los derechos le pueden ser negados, alegando numerosos pretextos.

Largas y extenuantes jornadas de trabajo, salarios miserables y desconocimiento de sus derechos, son elementos que conforman la realidad laboral de los periodistas en nuestro país; si a esta deplorable situación le agregamos los incidentes de agravios a informadores (asesinatos, desapariciones, amenazas, censura, etcétera) tenemos como resultado un ejercicio del periodismo amenazado.



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