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Periodistas a dos fuegos

10 de septiembre de 2009.

(Juan Manuel Mejía Dominguez / CIN).- Ejercer el periodismo en México, es enfrentarse a dos fuegos, es decir a la delincuencia organizada oficial y clandestina, la primera identificada con funcionarios y policías, la segunda la que todos conocemos los cárteles del narcotráfico, y las bandas de secuestradores, en ambos casos el objetivo común de estos delincuentes es uno, coartar el derecho a la libre expresión, el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados.

México ocupa el primer lugar en el continente Americano y el segundo a nivel mundial en agresiones, amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas a periodistas, que luchan contra la impunidad, corrupción y la delincuencia organizada, buscando informar.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general a los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente en ellos.

La recomendación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en la que se incluye además de los Gobernadores y el mandatario capitalino al Procurador General de la República (PGR) y al Procurador General de Justicia Militar.

En el documento, la CNDH señaló que de enero de 1991 a julio de 2009 se iniciaron 737 expedientes relacionados con agresiones a periodistas, de los cuales 492 se registraron en los últimos nueve años, cifra que equivale a 54 casos por año.

Indicó que las autoridades encargadas de procurar justicia han incurrido en dilación y deficiente integración de las indagatorias respectivas a los casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

La Comisión Nacional advirtió que existe una generalizada propensión de las autoridades a descartar de antemano que las agresiones a los comunicadores sean motivadas por el ejercicio de su labor.

Por tal motivo se emitió la recomendación general número 17, a fin de que las autoridades encargadas de la procuración de justicia promuevan cambios a las disposiciones legislativas y reglamentarias que redunden en una mejor protección a los derechos humanos.

En esta recomendación se sostiene que se deben tomar las medidas necesarias para impulsar una lucha decidida, frontal y permanente contra la impunidad, a fin de que se resuelvan las indagatorias para el esclarecimiento de los homicidios, desapariciones forzadas, atentados con explosivos, amenazas y demás agravios contra periodistas.

Violento 2009 para el gremio

Según informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se tiene conocimiento de 78 agresiones a periodistas en lo que va del 2009. Aunque sólo tienen abiertos 4 expedientes, situación alarmante pues se mantenía en 54 por año, faltan cuatro meses para que termine el año y la cifra se eleva.



Algunos de los asesinatos que se conocieron contra periodistas son el de Luís Daniel Méndez Hernández de Veracruz, (Estación de Radio la Poderosa), Jean Paul Ibarra, de Guerrero (Fotógrafo de El Correo de Iguala), Carlos Hernández de Taxco (Director de El Quijote), Carlos Ortega Melo Samper de Santa María el Oro, Durango (Reportero, Periódico El Tiempo), Eliseo Barrón Hernández de Gómez Palacio, Durango (Reportero de Milenio-Torreó n), Martín Javier Miranda Alvilés, de Zitácuaro, Michoacán, (Reportero del periódico Panorama), Ernesto Montañez Valdivia de Ciudad Juárez, Chihuahua, Juan Daniel Martínez Gil de Acapulco, Guerrero, además de amenazas, agresiones y levantones contra otros 30 compañeros.

De estas agresiones, secuestros a colegas de medios de comunicación destaca la efectuada a cuatro periodistas en Monclova, Coahuila, en el que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) privaron de la libertad e incomunicaron a los cuatro colegas durante casi 16 horas.

La agresión ocurrió el 7 de agosto a las 10:30 de la noche cuando los comunicadores se dirigían a cubrir un operativo militar; sin embargo, cuando llegaron al lugar vieron que el convoy militar ya se dirigía a las instalaciones militares y por tanto se retiraron. Fue unas calles adelante cuando militares los interceptaron, los amarraron e interrogaron.

Los agredidos: Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, del periódico Zócalo; Jesús Arnoldo González Meza, del diario La Voz; y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4, fueron acusados de pertenecer a una célula del crimen organizado.

Tras privarlos de la libertad, los elementos del Ejército dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes a los periodistas, al vendarles los ojos, esposarlos y golpearlos, además de que les imputaron posesión de enervantes, armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, tras lo cual fueron presentados ante el Ministerio Público Federal donde se les dictó auto de libertad al no encontrarles ningún delito.

Hasta el momento esta agresión a los reporteros permanece en la impunidad pues los castrenses agresores no han sido castigados.

El 8 de agosto en el municipio de Jesús María en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, nuevamente elementos del Ejército pertenecientes al operativo Culiacán-Navolato- Guamúchil agredieron física y materialmente a reporteros de los diarios Noroeste y El Debate, y de otros medios. Los periodistas estaban intentando cubrir un incidente en donde parecería que elementos del Ejército golpearon a un grupo de jóvenes.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los efectivos militares se molestaron cuando el grupo de reporteros comenzó a fotografiar y filmar a tres jóvenes que presentaban golpes diversos producidos por los uniformados. Les empujaron e intentaron quitarles sus cámaras. Al mismo tiempo tres helicópteros Bell 212 sobrevolaban a menos de 3 metros de sus cabezas.

Sin embargo, al igual que muchos casos, los militares agresores no han sido castigados dejando esta violencia en la impunidad común con, la que, son resueltos los casos de justicia en México.

Estado pasivo ante violencia

La inacción del Estado mexicano y la creación de burocracia ineficiente devienen en la falta de investigación y sanción en contra de los responsables por la violencia contra periodistas en los que el 70% de estas agresiones fueron efectuadas por funcionarios públicos.

La mayoría de colegas agredidos, amenazados o desaparecidos pertenecen al gremio de la prensa escrita en un 74%, sin duda esto evidencia un retroceso en la democracia mexicana.

Los funcionarios se convirtieron en los principales agresores de periodistas y medios de comunicación, lo cual agrava la situación al convertirse éstos en sujetos y objetos del problema de libertad de expresión que se vive el país. En enero de 2009 se registraron 40 ataques, en los cuales el 80 por ciento de los presuntos culpables son burócratas.

La impunidad que priva en el país hace que casi todos los crímenes queden sin castigo. La falta de investigación y avance en la procuración de justicia, en relación con los delitos contra periodistas, hace que la impunidad sea la norma. La responsabilidad del Estado es resolver los casos; sin embargo, éste no está cumpliendo con su obligación de protección de la libertad de expresión.

El incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de libertad de expresión advierte que las autoridades federales omiten prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de las violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal y al trabajo, convirtiéndose en un aliciente para los agresores de periodistas.

La autoridad se limita a decir que los agresores son miembros del crimen organizado; sin embargo, las cifras desmienten esa afirmación: de los 78 casos documentados hasta el momento el 70% fueron responsabilidad de funcionarios.

Sin duda mientras siga la impunidad, los casos van a seguir en aumento, si un funcionario amenaza o intimida a un periodista y no hay sanción, cualquiera puede hacer lo mismo, advirtió el diputado Pablo Trejo Pérez, en entrevista.

Para el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por Iztacalco, sin duda hay una correlación directa entre el aumento en el número de ataques a periodistas y la escalada en la violencia entre los grupos hegemónicos del narcotráfico.

“Los reporteros que cubren la fuente policíaca se encuentran en la línea de fuego, así convierten a este país en el más peligroso para desarrollar la labor informativa en Latinoamérica, por encima de Colombia, los periodistas en México no cuentan con garantías mínimas para ejercer su trabajo sin temor a represalias”, señalo Trejo Pérez.

En la desaparición de periodistas, que en su mayoría cubría la fuente del narcotráfico y del crimen organizado, ellos (los reporteros) investigaban la complicidad entre autoridades y organizaciones criminales, señala el legislador.

Peligro en los estados y el DF

Las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en el país y en el que los agresores son funcionarios son Chihuahua, Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán y Sinaloa.

Por su parte el jurista Jorge Humberto Pazos Chávez, advierte en entrevista que la reacción del Estado frente a la escalada de violencia, en particular contra los periodistas, es insuficiente.

“La gravedad del asunto supera cualquier posibilidad de solución. En muchos estados la situación está fuera de control, por ello la necesidad de desplegar más de 25 mil elementos del Ejército para combatir al crimen organizado, las miles de muertes relacionadas con el narcotráfico, evidencian una situación muy grave”, considero Pazos Chávez.

El jurista señala que en amplias zonas del país la militarizació n trajo un número creciente de agresiones por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército a periodistas que cubren la fuente del narcotráfico.

Para el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Gerardo Priego, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, el asesinato de periodistas en Guerrero y Veracruz son señales claras de lo que se espera en el futuro



“Cada vez que hay elecciones, las agresiones aumentan, porque los periodistas tienen como responsabilidad hacer escrutinio público; eso tensa el ambiente de libertad de prensa”, sostuvo el legislador.

Gobiernos omisos

La PGR, y Procuradurías locales al igual que sus poderes ejecutivos, federal, estatal y del Distrito Federal, sin duda alguna por acción u omisión, incumplen con los acuerdos internacionales en materia de libertad de expresión, como son el derecho a la vida, al trabajo y al acceso a la justicia.

Las agresiones seguirán, nadie podrá detenerlas, los periodistas seguiremos en la línea de fuego, entre los que en teoría deben defender a los ciudadanos y quienes desde las sombras pretenden imponer su ley, la delincuencia organizada, oficial y clandestina continúan su amasiato, la operación limpieza sólo termino de denostar la justicia y gracia con la que las autoridades se manejan, viven.

Mientras se tenga un espacio para denunciar los periodistas tendrán una trinchera, los ciudadanos seguirán informados y la corrupción tendrá un enemigo, los periodistas.



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