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Disputan decomisos el Poder Judicial y la Ssa

22 de septiembre de 2009.

Los juzgados y tribunales federales deben precisar en todas sus sentencias condenatorias que 33 por ciento de los bienes decomisados a la delincuencia será destinado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), determinó un magistrado.

El Primer Tribunal Unitario Penal del DF, a cargo del magistrado Fermín Rivera Quintana, resolvió que el CJF ya no deberá esperar a que la Tesorería Federal le entregue la tercera parte de los bienes decomisados en los casos concluidos con sentencia condenatoria.

Hasta la fecha, si alguien es condenado en definitiva, los tribunales notifican el fallo al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda (SAE), para que éste ingrese los recursos del sentenciado a las arcas de la Tesorería.

El Poder Ejecutivo enseguida procede a la repartición en partes iguales entre la PGR, la Secretaría de Salud (Ssa) y el Poder Judicial Federal, conforme lo dicta el Artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

Dentro del amparo 17/2009, Rivera otorgó la protección de la justicia al CJF, para que este órgano que vigila a los juzgados y tribunales federales tenga la certeza, desde la sentencia judicial, de que será más corto el trámite de recepción de los recursos decomisados.

De acuerdo con fuentes judiciales, el magistrado basó su sentencia en los artículos 182 Q y 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales; 242 y 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal; el Acuerdo General 27/2007 del CJF, y el 89 de la Ley que rige al SAE.

En principio, la sentencia de Rivera sólo tendrá como efecto que el Cuarto Tribunal Unitario Penal ordene el decomiso en favor del CJF de la tercera parte de una suma de 609 mil dólares, incautados a una banda de narcotraficantes.

El origen del litigio por los decomisos es el juicio de Leonardo Rodríguez Jiménez y Alberto González García, detenidos por la AFI en febrero de 2008 en el estacionamiento del Museo Nacional de Antropología e Historia, en el DF, con un vehículo en el que llevaban la suma mencionada.

Los dos sospechosos fueron hallados culpables de lavado de dinero y condenados por el juez federal Ranulfo Castillo, a seis años con tres meses en prisión, sentencia que el pasado 30 de junio confirmó la magistrada Graciela Santés Magaña. En el resolutivo de Santés no fue establecido con todas sus letras que 33 por ciento del dinero decomisado debía pasar a las arcas del CJF, razón por la que el director General Jurídico de ese órgano, Enrique Sumuano Cancino, promovió el amparo que ahora ha ganado.

Busca Salud su parte La Ssa presentó ante el Primer Tribunal Unitario Penal una demanda de amparo para exigir que los órganos de impartición de justicia también decreten desde sus sentencias la transferencia de 33 por ciento de los decomisos, como ha sido autorizado al CJF.

Armando Martínez Vargas, director Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Ssa, interpuso el amparo 20/2009 ante el órgano que dirige el magistrado Fermín Rivera. La demanda de garantías ocurre dentro del mismo caso donde dos sujetos fueron detenidos afuera del Museo de Antropología con 609 mil dólares en efectivo, según reportes oficiales.



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