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El castigo publicitario viola la libertad de expresión: CNDH

23 de septiembre de 2009.

México D.F., Gloria Letícia Díaz / Proceso).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Celso Rodríguez González, por actos violatorios de la libertad de expresión en agravio de la revista Contralínea; de su director, Miguel Badillo, y de la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza.

El acoso judicial emprendido contra la publicación quincenal, así como la suspensión discrecional de publicidad de la paraestatal, quedaron acreditados en la recomendación 57/2009, emitida el martes 14 de septiembre por el ombudsman José Luis Soberanes.

De acuerdo con la reportera Ana Lilia Pérez, las acciones judiciales emprendidas contra la revista obedecen a la publicación de una entrevista con el empresario gasero Jesús Zaragoza, quien afirmó haber financiado la campaña presidencial Felipe Calderón, y por la revelación de los contratos de Pemex firmados por Juan Camilo Mouriño a favor de su familia (Proceso 1682).

La CNDH hace un recuento de los cinco juicios civiles por difamación contra la revista Contralínea y su filial Fortuna, así como contra Badillo y Pérez, emprendidos por Jesús Zaragoza, socio mayoritario del consorcio Grupo Zeta, que controla 72% del mercado gasero nacional.

Tres de esos litigios fueron admitidos por jueces civiles de Jalisco, uno en Sinaloa y otro fue tramitado en el Distrito Federal.

En la revisión de los casos, el organismo de derechos humanos detectó irregularidades en el proceso llevado en el juzgado 13 de lo Civil, con sede en Guadalajara.

Soberanes recomendó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco dar vista al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para investigar el expediente radicado en ese juzgado, “y en su caso, se emitan las medidas disciplinarias correspondientes”. Además, solicita realizar las acciones “pertinentes para evitar que en el ejercicio de un derecho pueda generarse un medio indirecto, como podría ser el acoso judicial, para atentar contra la libertad de expresión”.

Castigo

A través de la revisión de material hemerográfico y de solicitudes de información a Pemex, la CNDH también constató “la falta de procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios” en la contratación de publicidad oficial.

Los periodistas de Contralínea aseguraron en su queja ante la CNDH, interpuesta en septiembre de 2008, que Pemex les canceló la publicidad desde agosto de 2006 en represalia por la publicación de temas incómodos para la paraestatal.

Esa práctica de los funcionarios de Pemex conduce a “utilizar discrecionalmente los recursos públicos dirigidos a la comunicación social de la paraestatal para premiar o castigar a los medios de comunicación por su línea editorial”, consideró la CNDH.

Aún más, la poca claridad en la contratación de espacios publicitarios “vulnera los derechos a la igualdad, a la seguridad jurídica y, por supuesto, a la libertad de expresión en agravio de los periodistas y directivos de los medios de comunicación, en este caso de la revista Contralínea”.

La CNDH confirmó que no existió un “criterio objetivo que justifique la suspensión en la contratación de publicidad”, mucho menos un “impedimento legal o característica específica de la publicación, como podría ser el perfil de audiencia, la cobertura geográfica, el tiraje o circulación de la revista, o de una reducción en general de la contratación de publicidad por parte de la paraestatal con revistas similares”.

Esta situación, señala el documento, “deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales, afectando no sólo al pluralismo informativo y el debate público, elementos ambos esenciales de una sociedad democrática, sino también vulnerando el derecho a la igualdad, si se considera que, ante supuestos de hechos iguales, se aplican consecuencias jurídicas desiguales, sin que exista, por lo menos en el caso que nos ocupa, una suficiente justificación legal que acredite tal diferencia”.

Por ello, el ombudsman José Luis Soberanes recomendó al nuevo director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, girar instrucciones para que la paraestatal “cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos”.

El presidente del Poder Judicial de Jalisco y el titular de Pemex tienen un plazo de 15 días para dar respuesta a la recomendación de la CNDH.



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