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Retoman el diálogo roto comisiones en Honduras

18 de octubre de 2009.

Las comisiones negociadoras que buscan una salida a la crisis política en Honduras acordaron una prórroga de dos días al diálogo y resucitaron unas conversaciones que habían sido declaradas muertas minutos atrás.

"Se ha extendido el plazo para negociar, el cual concluye el lunes", dijo Ricardo Martínez, ministro de turismo del Gobierno del depuesto Manuel Zelaya.

En tanto que Arturo Corrales, negociador por parte del presidente de facto Roberto Micheletti dijo que "seguimos en la ruta y vamos a mantener la comunicación".

Ambas comisiones indicaron que el plazo para obtener una respuesta sería el lunes.

En una conversación telefónica Zelaya aseguró, "yo el miércoles les dije que Micheletti preparaba una bofetada para el pueblo hondureño y la comunidad internacional y ahora se las dio".

Zelaya habló desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde está refugiado desde el 21 de septiembre.

Además dijo que en tanto el Gobierno de facto no acepte sus propuestas "el diálogo está en un momento de suspenso... hasta que la otra parte adopte una postura racionalmente inteligente".

"Ellos ofrecen preparar algo para el lunes, pues si entonces el lunes presentan algo, lo vamos a escuchar, pero mientras tanto está en suspenso".

En un comunicado de prensa difundido el viernes, convocó "de manera inmediata a los cancilleres de la OEA y a todo el sistema interamericano con el fin de aumentar las medidas comerciales y económicas que condenen al régimen de facto".

Minutos atrás, en Bolivia, la ministra de relaciones exteriores de Zelaya había declarado "definitivamente roto el proceso de diálogo".

"La intransigencia de la dictadura (Micheletti) lo hizo fracasar", dijo la canciller Patricia Rodas frente a los presidentes del ALBA, reunidos en Bolivia.

Las conversaciones entre las comisiones de Micheletti y Zelaya estuvieron estancadas tres días en torno a un "texto de consenso" en que se estipulaba el retorno de Zelaya al poder.

Mientras la comisión de Zelaya pedía que fuera el congreso el que se encargara de validar la reinstalación al cargo del que fue depuesto el 28 de junio por un golpe militar, el Gobierno de facto insistió en que fuera la Corte Suprema de Justicia la que emitiera un dictamen.

"Las propuestas que recibimos después de esperar tras largas horas es una propuesta absolutamente inaceptable", dijo Víctor Meza, negociador de la comisión de Zelaya.

Sin embargo, dijo Meza, la Corte ya se ha pronunciado anteriormente en el tema.

"Creemos que el tema debe ser discutido en el ámbito político del congreso nacional... ya la Corte Suprema de Justicia emitió una opinión jurídica, no tiene ningún sentido volver a pedirla", dijo.

"Si el congreso fue el que emitió un decreto (para deponerle) tiene que ser el congreso el que lo deshaga", dijo Zelaya.

Rafael Pineda Ponce, secretario de la presidencia del Gobierno de facto dijo, que por parte del régimen continuarán en la mesa de diálogo. "Por ninguna razón debe suspenderse el proceso de diálogo que se ha iniciado. Más bien lo que se busca es poner fin al conflicto político que impera en el país", dijo.

Explicó que desde el punto de vista del Gobierno, "el congreso no puede tomar decisiones que corresponden a la Corte Suprema de justicia".

Meza indicó en una rueda de prensa que esperará a que el Gobierno de Micheletti acepte sus nuevas condiciones de aceptar sin más el punto seis del Acuerdo de San José que estipula que los poderes del Estado deberán regresar a la situación en la que estaban antes del golpe del 28 de junio.

Pineda Ponce insistió en que la Ley les obliga a consultar a la Corte y acatar lo que ésta diga.

Tras el golpe de Estado, la comunidad internacional ha aplicado diversas medidas de presión contra el Gobierno de facto, desde el cese de la ayuda internacional, de la que depende fuertemente Honduras hasta la cancelación de visas para los altos funcionarios del Gobierno.

Honduras fue expulsada de la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas condenó el golpe militar.

El viernes, en la reunión del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América), los países acordaron varios puntos respecto del conflicto en Honduras, incluyendo no reconocer ningún proceso electoral realizado bajo "el régimen golpista", ni ningún resultado del mismo, así como aplicar sanciones económicas y comerciales en contra el Gobierno de facto, "adoptadas por parte de los países miembros según corresponda".



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