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Endurecerán sanciones contra robo de combustible

27 de octubre de 2009.

La fracción del PRI en el Senado presentó un proyecto de ley para sancionar de 10 a 15 años de prisión el robo en ductos o alteración de combustible generado por Petróleos Mexicanos (Pemex).

La iniciativa presentada por nueve senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que el robo de combustible afecta las finanzas internas de la paraestatal.

"Tipificará como delito y se sancionará de seis a 10 años de prisión y de 500 a 10 mil días de multa, a quien sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico.

"De los equipos o instalaciones de la industria petrolera, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo.

"A quien posea o se ostente como propietario de hidrocarburos o cualquier otro producto que se obtenga a partir de su procesamiento.

"Así como cualquier sustancia que pueda ser utilizada para la alteración, adulteración o modificación de los combustibles, sin acreditar su legal procedencia o detentación", precisó el proyecto de ley.

La sanción se incrementará en 50 por ciento, agregó, cuando se realice en ductos o instalaciones de la industria petrolera o el responsable sea o haya sido servidor público, o prestador de servicios a cualquier título.

"Pemex, sus organismos subsidiarios o empresas filiales o cualquier otra entidad del gobierno federal procederán a cancelar toda relación contractual con el infractor, y no podrá ser recontratado en lo sucesivo", especificó.

Además, prevé aplicar sanciones de 6 a 10 años, y de 200 a mil días de multa a quien interne a territorio nacional cualquier sustancia para alterar o modificar de manera ilícita combustibles producidos por Pemex, sus organismos subsidiarios o empresas filiales, con el propósito de comercializarlos.

De acuerdo a cifras estimadas por legisladores la paraestatal registró pérdidas de alrededor de 10 mil millones de pesos anuales por la ordeña clandestina de ductos en el país en el último trienio.

A principios de 2009, el gobierno de México intervino 149 cuentas bancarias tras detectar transferencias por más de 46 millones de dólares relacionadas con el robo de combustible atribuido a la organización delictiva los Zetas.

El proyecto que prevé reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria, al 27 constitucional, a los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, fue turnado a comisiones unidas de Energía; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.



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