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Discrepan Zelaya y Micheletti sobre los términos y plazos del acuerdo

2 de noviembre de 2009.

Apenas dos días después dar su conformidad a un acuerdo para resolver la crisis de Honduras propiciada por el Golpe de Estado, el presidente depuesto Manuel Zelaya y el Gobierno de facto dirigido por Roberto Micheletti comenzaron a discrepar sobre los términos y los plazos del pacto

El punto de la discordia volvió a ser el referente a la restitución en el poder del mandatario derrocado, que había bloqueado por casi 7 días las negociaciones hasta que esta semana una misión estadounidense y la Organización de Estados Americanos (OEA) lograron que las partes se pusiesen de acuerdo.

El Acuerdo Tegucigalpa-San José establece: "Ambas comisiones negociadoras (la de Zelaya y la de Micheletti) hemos decidido, respetuosamente, que el Congreso (...) resuelva en lo procedente en respecto a 'retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio'", fecha del Golpe contra Zelaya.

Zelaya dijo que esto significa "pedirle al Congreso que retrotraiga la situación, es decirles: "Señores, con todo respeto, vuelvan al Estado de Derecho y dejen la ilegalidad".

"Eso es una solicitud que se ha hecho de ambas partes", añadió.

Sin embargo, el Gobierno de facto, en un documento sobre el tratado distribuido entre la prensa, afirma que el acuerdo "no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congreso".

Para Zelaya, esta interpretación sería "un juego doble, un juego sucio y un juego absurdo, poco inteligente" y "los pondría a ellos (las autoridades de facto) muy mal ante la comunidad internacional".

"Me parece que el espíritu del acuerdo está claro, las posiciones de la comunidad internacional, del pueblo hondureño y la mía están claras y ahora es responsabilidad del Congreso revertir el Golpe o continuar con el Golpe", indicó.

"Si no se revierte el Golpe de Estado, el acuerdo se va a romper, sería nulo y sería lógicamente un absurdo el acuerdo", advirtió.

El mandatario depuesto considera además que su restitución debe producirse antes del jueves, fecha límite para la instalación de un "Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional", según el acuerdo, que no señala quién debe presidirlo.

Pero el documento distribuido por el Gobierno de Micheletti dice que "respecto a la intervención del Congreso (...) en el tema de la restitución del señor Zelaya, (...) sólo contempla la fecha de hoy (por el viernes, día de la firma del tratado) para introducir la solicitud" ante el Legislativo, pero no para su resolución.

En respuesta a la postura del destituido mandatario, la vicecanciller del Gobierno de facto, Martha Alva querer "desestabilizar" las elecciones para el 29 de noviembre y de estar "poniendo en (estado) precario el acuerdo".

"Esta mala interpretación que se ha dado a las fechas es una táctica muy conocida para desestabilizar el proceso electoral", dijo Alvarado.

El enviado a Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, reiteró que "el Congreso hondureño es soberano para tomar una determinación", si bien agregó que los diputados "saben muy bien lo que piensa la comunidad internacional".



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