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Presentan Ley antisecuestro en San Lázaro

4 de noviembre de 2009.

En la Cámara de Diputados se presentó la iniciativa de Ley General del Secuestro, la cual establece la obligación en la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno en el combate de este delito.

Además prevé sanciones a funcionarios bancarios que filtren información a secuestradores y a quienes conociendo de un delito no lo denuncien.

Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, el diputado federal del PAN Carlos Alberto Pérez Cuevas dio lectura a la iniciativa que establece nuevos tipos penales de hasta 60 años de cárcel.

Además establece la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en materia de secuestro.

Se destaca que "no se concederá amnistía o indulto a los secuestradores" y que comete dicho delito quien prive de la libertad a otro con el propósito de exigir por su liberación un provecho ilícito.

Así como cualquier utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material, o a fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer un acto cualquiera.

"A quien cometa esta conducta se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión y de cinco mil a diez mil días multa", señala la iniciativa que fue turnada a comisiones para su dictamen.

También prevé que se aplicará de veinticinco a sesenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa, si en el secuestro concurre cualquiera de las siguientes circunstancias:

Que se realice en camino público, lugar desprotegido o solitario; que se realice cuando la víctima se encuentre en su domicilio particular, centro de trabajo o a bordo de un vehículo.

Asimismo que la víctima se encuentre embarazada; sea o hay sido periodista; cuando se realice en contra de dos o más víctimas; cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, o habite en el mismo domicilio con la víctima.

La iniciativa plantea la misma pena de 60 años de prisión cuando el autor sea funcionario bancario, y por su calidad se hayan obtenido datos personales o patrimoniales de la víctima; cuando se realice con la intervención de dos o más personas; o que se realice con violencia.

Similar sanción a los secuestradores que en la comisión del delito se utilice equipo o vehículos con características similares o iguales a las de uso oficial.

Se sancionará con pena de cuarenta años de prisión hasta treinta mil días multa, cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, capacidad para resistirlo o persona mayor de sesenta años de edad.

La iniciativa que fue respaldada por legisladores de varios partidos añade que la sanción de 60 años de cárcel se aplicará en caso de que la víctima fallezca durante el secuestro; o que el autor sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública o privada, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas de México, o se ostente como tal sin serlo.

"Comete secuestro express el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro; se le impondrá de veinte a cuarenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa.

"Esta sanción se impondrá con independencia de que se consuman los delitos de robo o extorsión", se agrega.

Al que simule estar privado de su libertad, con el propósito de exigir por su liberación un provecho ilícito, cualquier utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material, o a fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer un acto cualquiera, se le aplicará de dos a diez años de prisión y de doscientos a mil días multa.

"Si espontáneamente se libera al secuestrado dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos económicos la pena será de cuatro a doce años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa.

Al que teniendo noticia de un secuestro, de la identidad del secuestrador o del paradero de la víctima y no lo haga, por medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, del conocimiento de las autoridades, se le aplicará de cuatro a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Esta sanción no será aplicable contra los familiares de la víctima indica la iniciativa que plantea que las Procuradurías de Justicia de la Federación, de las entidades federativas y del Distrito Federal deberán contar con una unidad especializada en la investigación y persecución del delito de secuestro.



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