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CNDH pide a SCT brindar certeza juridica a radios comunitarias

12 de noviembre de 2009.

.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, a no criminalizar la labor de las radios comunitarias que realizan una función social, así como a convocar a un debate nacional y representativo para determinar el marco legal y reglamentario que les otorgue certeza jurídica y les permita transmitir y operar legalmente.

Del análisis lógico jurídico de los hechos y de las evidencias que se allegó este Organismo nacional, se advierte que en los procedimientos seguidos en contra de las estaciones de radio que no cuentan con el permiso respectivo para su operación, no existen criterios definidos y sustentados jurídicamente para determinar cuándo proceder por la vía administrativa y cuándo por la vía penal, lo que vulnera los derechos humanos a la igualdad, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión, en agravio de los integrantes de las radios comunitarias que dieron origen a este exhorto y de otras que están en el mismo supuesto legal.

Esta Comisión Nacional advirtió que la falta de regulación precisa y de procedimientos y lineamientos específicos propicia que los servidores públicos de la SCT y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) puedan incurrir en prácticas discrecionales y por lo tanto desiguales, como se desprende de los 49 aseguramientos administrativos que dichas autoridades realizaron de 2006 a febrero de 2009, y de los diez casos que en ese lapso se remitieron a la Secretaría de Gobernación para proceder por la vía penal.

La CNDH no cuestiona la facultad de la COFETEL para aplicar las disposiciones jurídicas previstas en los ordenamientos legales; sin embargo, observa que esta falta de procedimientos y criterios definidos para determinar en qué casos la SCT debe agotar el procedimiento administrativo y en cuáles puede acudir a la vía penal genera condiciones de discrecionalidad tales para los servidores públicos en la aplicación de la ley, que vulneran el derecho a la igualdad, si se considera que ante supuestos de hechos iguales, se puede optar por vías jurídicas desiguales, sin que exista en los casos la justificación legal que acredite tal diferencia.

La CNDH solicitó a la SCT, con base en lo dispuesto en los artículos 6, fracción VII y VIII, así como 15, fracción VIII de la Ley de la CNDH y en atención a la función y labor de los medios de comunicación comunitarios, que en los casos de ese tipo de medios que no cuentan con permiso para operar, se procure agotar el procedimiento administrativo previsto en la Ley Federal de Radio y Televisión, con el fin de garantizar con ello la mínima afectación de los derechos fundamentales.

Mediante un exhorto dirigido al titular de la SCT, el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, le propuso que en atención a las recomendaciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual 2007, y en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008 – 2012, se integre un grupo de trabajo interinstitucional en el que esa Secretaría convoque a su similar de Gobernación, a las comisiones respectivas del Congreso de la Unión, a organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema de medios de comunicación comunitarios e integrantes de éstos, con el fin de que se valore su función y labor social, así como su contribución en el desarrollo de la democracia y la defensa de los derechos humanos para instrumentar el marco legal y reglamentario que les permita transmitir y operar legalmente, y con ello garantizar el ejercicio de la libre expresión y el derecho a la información.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) presentó ante la CNDH una queja relacionada con el aseguramiento de equipos de transmisión de las radios comunitarias “Tierra y Libertad” y “Uékakua”. En la primera, el 6 de junio de 2008, elementos de la entonces Policía Federal Preventiva irrumpieron en las instalaciones de la radio que operaba en Monterrey, Nuevo León, para asegurar el equipo de transmisión, como consecuencia de la denuncia que interpuso la Secretaría de Gobernación a instancia de la SCT; en el segundo caso, el 29 de enero de 2009, integrantes de la Agencia Federal de Investigación ingresaron a la radio de la comunidad indígena purépecha de Ocumicho, municipio de Charapan, Michoacán, donde igualmente aseguraron el equipo de transmisión.

Para este Organismo nacional, la ausencia de criterios definidos y fundamentados en el marco regulatorio relativo a la operación de estaciones de medios de comunicación comunitarios, que acoten el marco de discrecionalidad, especialmente en cuanto a los plazos de respuesta, requisitos e instancias de decisión, y que otorguen certeza jurídica a las radios que buscan obtener permiso para operar legalmente, puede desalentar la iniciativa por parte de los integrantes de esas estaciones para ejercitar la libre expresión, afectando también, como consecuencia, el derecho a la información de las comunidades, garantía prevista en la Constitución Mexicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.

“Estamos ciertos –dice el Ombudsman nacional al Secretario de Comunicaciones y Transportes— que usted entenderá el espíritu del presente documento, y que el mismo será valorado en su contexto, con el único propósito de reafirmar el compromiso del gobierno federal de buscar en todo momento asegurar el respeto y la plena vigencia de las garantías individuales y los derechos humanos de todos aquellos que se encuentren en territorio nacional, y de manera particular del reconocimiento de la labor de las radios comunitarias, que constituyen uno de los pilares fundamentales de la democracia representativa y participativa”.





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