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Analiza CIDH culpabilidad del gobierno en los feminicidios

12 de noviembre de 2009.

SAN JOSÉ.— La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidirá en la segunda quincena de noviembre si el Estado mexicano es culpable de la falta de prevención de los crímenes contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que habría dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas.

El proceso de la Corte, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), es por los homicidios de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, y la adulta Claudia Ivette González, víctimas de la cadena de casi un millar de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. El caso integra otras ocho muertes.

En 2007, la CIDH acusó a México de violar derechos a la vida, honra, dignidad, integridad personal, libertad, protección, garantías judiciales y la obligación de respetar derechos, entre otros, contenidos en pactos ratificados por el Estado mexicano.

En 2008, el gobierno reconoció ante la Corte “el contexto de violencia” en Ciudad Juárez y que pudo cometer violaciones en los tres crímenes, pero rechazó los otros ocho homicidios y adujo que las irregularidades del proceso de 2001 a 2003 fueron resueltas desde 2004.

La Corte sesionará del 16 al 28 de este mes en San José, y ahí dictará además una sentencia sobre la desaparición forzada del campesino mexicano Rosendo Radilla Pacheco, el 25 de agosto de 1974, en un retén del Ejército en Atoyac de Álvarez.

Planteó el litigio en 2008 y demandó al aparato político y militar de México por delitos de lesa humanidad en la guerra sucia contra grupos guerrilleros izquierdistas en la década de 1970, con impunidad y patrón sistemático de violación a derechos humanos.

El Estado desconoció la competencia de la CIDH en el caso Radilla, porque ocurrió antes de que la Corte empezara a funcionar, en 1979, y de que México ratificara, en 1981, la Convención Americana de Derechos Humanos e ingresara en 1998 a ese tribunal.

Mujeres de Negro

En Cuernavaca, Morelos, en su Éxodo por la Vida hacia la ciudad fronteriza, la organización civil Mujeres de Negro exigió la atención de las autoridades para detener la desaparición y los crímenes contra mujeres.

En el Congreso del estado demandaron la integración de una comisión especial de feminicidios, que vigile los casos en la entidad y exija justicia al fiscal morelense, Pedro Luis Benítez Vélez.

El diputado Jorge Arizmendi García, presidente de la Junta Política y de Gobierno, se comprometió a respaldar el clamor de justicia para inhibir el asesinato de mujeres.

El movimiento Mujeres de Negro, que en la sede de la Procuraduría General de Justicia encendió 30 velas en recuerdo a las mujeres asesinadas en Morelos, viajará a Toluca, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y a Ciudad Juárez.



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