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Indefensos, protectores de derechos humanos

23 de noviembre de 2009.

Perseguidos por el hostigamiento y las amenazas de muerte, los defensores de derechos humanos en México se juegan la vida en busca de la justicia. Su actividad diaria los orilla a asumir el reto de vencer o morir. Sin garantías sobre su integridad física se enfrentan a la represión oficial, la impunidad y a la corrupción imperante entre las fuerzas de seguridad en todo el país.

En Chiapas o Tamaulipas, en Guerrero o Chihuahua, no hay condiciones para realizar las tareas de promoción y defensa de los derechos humanos, denuncian representantes de Organizaciones No Gubernamentales, así como activistas y luchadores sociales.

"Nunca imaginamos que en nuestra lucha por el imperio de la Ley nos encontraríamos padeciendo un Estado de Excepción, donde el respeto de nuestros derechos fundamentales ha quedado al arbitrio de las fuerzas castrenses y policiacas", advierte el informe 2009 del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en Guerrero.

El reporte del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH) sobre la Situación de las y los defensores de derechos humanos en México, emitido en octubre pasado señala que "el incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado ha intensificado la vulnerabilidad de las y los defensores. La ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño e implementación de algunas políticas de seguridad puede llegar a ocasionar restricciones de derechos indispensables para que ejerzan su labor".

El documento especifica que Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Chiapas y Chihuahua son los lugares donde se ha denunciado más violaciones contra los defensores de derechos humanos.

José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), explica que su labor se vio mermada desde que el Gobierno Federal inició una guerra frontal contra el narcotráfico. "Derecho-humanistas institucionales y del ámbito civil han sido asesinados, secuestrados, golpeados, y son constantemente objeto de amenazas por parte del crimen organizado en todo el país".

Armendáriz González, considera que en Chihuahua la guerra contra los cárteles de la droga trajo consigo un incremento en las agresiones hacia los luchadores sociales, "a tal grado que los visitadores de la CEDH concentran su labor en las cinco ciudades más grandes porque llegar a ciertos municipios representaría que los secuestraran o incluso que los ejecutaran".





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