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'Zelaya no puede ser restituido si no se entrega'

27 de noviembre de 2009.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó que el depuesto presidente, Manuel Zelaya, no puede ser restituido si no se somete a los juicios pendientes, según un informe que entregó al Congreso.

En la opinión entregada al Parlamento, que el 2 de diciembre próximo debatirá si se restituye o no a Zelaya, la CSJ ratificó el criterio que emitió el 21 de agosto pasado en el proceso de consultas del Acuerdo de San José propuesto por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en su calidad de mediador en la crisis de Honduras.

Una fuente de la CSJ explicó que la opinión que se envió al Parlamento fue aprobada por 14 de los 15 magistrados, pero no precisó quién votó en contra ni por qué.

El presidente del Supremo, Jorge Rivera, declaró que la Corte "no profundiza ni toca el fondo" de la cuestión de la restitución o no de Zelaya, porque tiene causas pendientes contra él, pero sí aporta "los elementos para que se pueda tomar la decisión".

Afirmó que el informe se basó "en los hechos anteriores al 28 de junio (cuando Zelaya fue derrocado) y lo que se ha venido suscitando con posterioridad".

Reafirmó que Zelaya debe someterse a la justicia, aunque reiteró que la CSJ no se pronunció en su informe sobre si debe ser restituido o no.

Rivera entregó el documento en la secretaría del Congreso junto a una comisión de magistrados, sin detallar su contenido porque, dijo, primero deben conocerlo los diputados.

Con la opinión de la CSJ, el Congreso Nacional cuenta ya con los 4 informes que solicitó a órganos del Estado para fundamentar su debate, aunque aclara que estos informes no son vinculantes y que la decisión sobre Zelaya sólo dependerá de los diputados.

Ya habían entregado sus opiniones el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.

La Corte Suprema indicó en agosto, en relación al regreso de Zelaya al poder, que "existen acciones penales presentadas (contra él) por la Fiscalía General de la República".

Por ello, dijo entonces, "mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal".



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