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Falla dotación de suelo a pobres

29 de noviembre de 2009.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) advirtió el fracaso de la política de adquisición de suelo para los pobres, situación que se podría agravar con la actual crisis económica.

"Sin duda, la crisis económica que se está viviendo actualmente tendrá un efecto muy importante en los ingresos de los hogares en los próximos años, con las consecuencias que esto traerá en las posibilidades de los hogares pobres para adquirir un terreno o una vivienda", señala.

En el documento Situación Demográfica 2009, el organismo público federal reconoció el fracaso de las políticas, que datan de 1940, para dar suelo regular a los pobres, cuya única opción, ante la falta de acceso al suelo regular, es habitar terrenos irregulares sin servicios básicos, en zonas de riesgo o sin certeza jurídica.

"Las acciones federales y estatales para crear reservas territoriales no fueron suficientes para detener el crecimiento ilegal. Continuamos enfrentándonos al desafío de atender el grave problema de la dotación de suelo urbano con programas que no logran llegar a la población objetivo", refiere.

Incluso sostiene que gran parte del problema corresponde a que la política de suelo urbano, a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), favoreció el incremento de los asentamientos irregulares al mandar la señal de que se regularizarían por este programa.

La falta de acceso al suelo urbano que padecen los más pobres es trascendental, agrega, porque el 66 por ciento de los habitantes de las ciudades ganaban menos de 3 salarios mínimos en el 2005, es decir, estaban fuera de los programas y créditos para vivienda, detalla el texto publicado el pasado lunes, en el apartado "Suelo urbano para la población pobre en México", realizado por César Garcés Fierros.

En el documento, se señala que el parque habitacional para el 2010 será de 28.6 millones, 6.5 millones más que en el 2000. Y para el 2030 estima 40.4 millones de hogares.

También establece que el 80 por ciento de la demanda de suelo irregular proviene de las familias más pobres, entre las que se encuentran las que han migrado del campo a la ciudad en las últimas décadas, buscando mejores condiciones de vida, pero viven en casas sin servicios básicos, en terrenos irregulares y hacinados.

Carcés Fierros recomendó en su estudio promover el financiamiento de suelo urbanizado a través de subsidios, créditos y ahorros para las familias que perciban hasta 3 salarios mínimos, en lugar de promover la vivienda ya construida.

"Es importante tener presente que la adquisición de tierra, su urbanización y equipamiento representan una quinta parte de la inversión total en vivienda nueva, cifra muy significativa a considerar como elemento estratégico", en las nuevas políticas.

Política fallida

El intento por lograr un crecimiento ordenado no es nuevo. De hecho, desde 1940, cuando comenzó el éxodo del campo a la ciudad, cada Gobierno, sexenio tras sexenio planteó una política propia para ello.

Prueba de ello fue la reforma al Artículo 27 constitucional que se dio en 1992 para permitir, de manera regulada, la incorporación de tierras ejidales al desarrollo urbano.

César Garcés considera que dicha ley resultó positiva para combatir la informalidad, pero ha provocado un "estrangulamiento" de las vías de adquisición de tierras para las familias pobres.



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