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Gozan de opacidad los gobernadores

3 de diciembre de 2009.

Diputados del PRI, PAN y PRD reconocieron las debilidades de las leyes estatales y se pronunciaron para prever sanciones a mandatarios estatales que desvian recursos federales

La mayoría de los gobernadores del país puede desempeñar su función con total impunidad y con la tranquilidad de ser prácticamente intocables.

Y es que sólo 7 de las 32 entidades federativas del país contemplan expresamente en sus constituciones locales que el mandatario estatal puede ser acusado por "manejo indebido de fondos y recursos federales".

Se trata de Campeche, Coahuila, Sinaloa, Colima, gobernadas por el PRI, así como Chiapas, Michoacán y Zacatecas, encabezadas por administraciones perredistas, las cuales permiten sanciones económicas y castigos que van desde la suspensión e inhabilitación hasta la destitución del inculpado.

De acuerdo con el estudio comparativo "Responsabilidad de los servidores públicos a nivel estatal", realizado por el Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, en el resto de los gobiernos estatales las leyes locales no prevé sanciones para los mandatarios en el caso específico de que desvíen fondos que reciban de la Federación, vía el Presupuesto de Egresos.

Si acaso, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo contemplan sanciones al mandatario estatal por el "manejo indebido de fondos y recursos estatales".

El estudio subraya que un total de 16 entidades incluyen en sus leyes la facultad de someter a juicio político al Gobernador. Sin embargo, destaca que desde 1926 no se ha usado este procedimiento contra ningún mandatario estatal.

En el Artículo 108 de la Constitución se indica que los titulares del Gobierno local serán responsables por violaciones a la Carta Magna, y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, postulado que no recogen 24 constituciones locales, ni el Estatuto de Gobierno del DF.

El diputado panista Manuel Clouthier sostuvo que los ejecutivos estatales se benefician de una impunidad total en las leyes estatales.

"Son totalmente impunes los gobernadores: no hay transparencia, no hay eficiencia en el gasto y no hay rendición de cuentas.", argumentó.

El perredista Nazario Sánchez, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, consideró que es necesario reformar las constituciones locales para obligar a los mandatarios a rendir cuentas y establecer multas de al menos mil 500 salarios mínimos, así como la posibilidad de llevarlos a juicio político para que dejen su cargo.

El vicecoordinador priista Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que su partido está a favor de mejorar las leyes en materia de responsabilidades administrativas en los estados. Sin embargo, expresó que las deficiencias legales no implican que los gobernadores estén manejando de manera ilícita los fondos que reciben de la Federación





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