Weekly News

Van por botín de secuestradores

7 de diciembre de 2009.

La propuesta de Ley General de Víctimas del Delito de Secuestro, preparada por organizaciones civiles, busca que los delincuentes pierdan los bienes que obtienen a través de plagios para resarcir a las víctimas.

El retiro de recursos y patrimonios sería mediante aseguramiento o extinción de dominio con la finalidad de que se garantice el pago de daños directos e indemnizaciones a las personas plagiadas, de acuerdo con el texto.

También establece que los tres niveles de Gobierno paguen el daño en un plazo máximo de 15 días si policías o servidores públicos en activo de sus corporaciones son condenados por un juez.

El funcionario que hubiera recomendado o permitido la contratación del policía secuestrador estaría obligado a pagar el 10% del daño fijado por el juez, bajo la figura de responsabilidad de mando.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cerca de 270 elementos policiacos están presos por secuestro en cárceles del país, cifra que representa el tres por ciento de los 9 mil 17 internos por el delito.

La propuesta establece que todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial tendrán que incluir el pago del daño directo, que es la pérdida del patrimonio de la víctima y los costos que generen sus tratamientos posteriores.

En el texto, las organizaciones civiles México SOS y Alto al Secuestro solicitan que el Ministerio Público asegure todos los bienes en los que existan indicios que sirven de instrumento o son objeto o producto del delito.

"Estos bienes podrán estar a nombre de la persona procesada por los delitos de este título o de cualquier persona jurídica utilizada por éste para la comisión del delito o el ocultamiento de las actividades o respecto de los cuales se comporte como dueño", indica el Artículo 68 de la propuesta de Ley.

Para concentrar la información, las indagatorias de un plagio tendrán que ser llevadas por un Ministerio Público responsable del caso, un mando policial y agentes asignados que estén en contacto con los familiares.

Los policías deberán estar acreditados y certificados conforme los criterios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y las Procuradurías tendrán la obligación de compartir información.

En la Ley se concedería a las víctimas el derecho de ser coadyuvantes con el Ministerio Público y a aportar pruebas en contra de sus plagiarios durante el juicio.

También a que se resguarde su identidad si es menor de edad, sufrió violación por parte de sus secuestradores o si el juez así lo determina por su seguridad.

La Ley daría la posibilidad a la víctima de ser informada de cualquier promoción hecha por el secuestrador durante su juicio, a que se le reporte de manera anual los avances en el proceso de reinserción del delincuente y a que se le comunique cuando sea liberado, según la propuesta.



Descarga nuestra nueva App para iOS y Android



Comentarios



Publicidad

Compartir en redes sociales



Juarez independiente


 

Diseño de Aplicaciones Móviles