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Exoneran a 'espías' de Arturo Montiel

15 de diciembre de 2009.

Un juez federal absolvió a siete presuntos integrantes de una red de espionaje ilegal atribuida al ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, dedicada a intervenir los teléfonos de alcaldes, diputados y hasta secretarios de Estado, como Francisco Gil Díaz.

Ocho años después de que fueran detenidos, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Reclusorio Oriente llegó a la conclusión de que los siete ex funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Edomex no son penalmente responsables del delito de intervención de comunicaciones privadas, según el fallo de la causa penal 146/2001.

El juez Óscar Alejandro López Cruz resolvió que, pese a todo, la PGR no pudo acreditarles el delito, el cual no es grave y por ello siguieron el juicio en libertad.

La Unidad Especializada en Delincuencia Organizada les imputó espiar al entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; al ex subsecretario de Gobernación, José Durán Reveles; a los priistas Ignacio Pichardo Pagaza, Humberto Lira Mora y Cuauhtémoc Paleta, y las oficinas del PRI y del PAN.

Los acusados ya habían sido hallados culpables y condenados a penas que llegaban hasta los seis años de cárcel, pero lograron que los tribunales federales ordenaran reponer el juicio, motivo por el cual su procesamiento fue alargado.

Los hoy absueltos son Roberto Pérez Andrade, Arturo Pérez Negrete, María Elena García Acosta, Alejandro Isaac Bustamante Rivera, Luis Ignacio Zendejas Fuentes, Ricardo García Padilla y Gerardo Alejandro Santillán Meneses.

Detenidos el 4 de julio de 2001 en Naucalpan, con 100 audiocasetes y bitácoras que contenían listas de personas espiadas, todos ellos tenían en común el cobro de honorarios en el Gobierno del Estado de México.

Tres días después de las capturas, el Gobierno Estatal públicamente rechazó que los sospechosos estuvieran en su nómina, pero el 9 de julio, en una gira por Huejotzingo, el propio Montiel tuvo que reconocer que los implicados sí trabajaban para su Administración.

"Habrá qué ver que en el territorio del Estado de México trabajan 200 mil personas y no es tan fácil (identificarlos) si son tantos", manifestó.

Una llamada anónima que denunciaba el supuesto secuestro de una mujer en Naucalpan, recibida el 4 de julio por la UEDO -antecesora de la SIEDO-, fue la pista que llevó a la PGR al descubrimiento de la red de espionaje político, según la causa 146/2001.

"Aproximadamente a las 13:00 horas se recibió en estas oficinas una llamada anónima que decía que en el número 58 de la calle Amapola, esquina Bugambilias, colonia San Antonio Zomeyucan, en Naucalpan, varios hombres armados tenían a una mujer secuestrada", precisa el informe.

Aunque ahora han sido absueltos, el fallo no es definitivo, pues la PGR decidió presentar una apelación ante un tribunal unitario, con el objeto de que sean declarados culpables y condenados a prisión.



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