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Pide ONG acotar poder militar en México

16 de diciembre de 2009.

El gobierno de México está "obligado" a reformar y "acotar el poder militar" que ha llevado a la violación de los derechos humanos, como en el caso de las desapariciones forzadas en la década de los 70 en Atoyac de las Flores, Guerrero y las ocurridas a principios de ésta década, planteó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La ONG denunció también presuntos abusos que se están cometiendo en el combate que el Ejército sostiene contra la delincuencia organizada.

"La sentencia está obligando a no mandar más a la justicia militar los casos de violaciones cometidas por elementos militares", aseguró Juan Carlos Gutiérrez, quien encabeza esa Comisión.

A unas horas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera el fallo en contra de México por la violación de derechos humanos, por la desaparición de 122 personas identificadas en la denuncia que siguió el caso de Rosendo Radilla Pacheco -retenido en un retén militar hace 35 años-, sus hijas pidieron que se pidan excusas públicas, se coloque una placa en memoria de su padre y se realice la investigación y exhumación de cuerpos para encontrar los restos de las víctimas, como lo determinó el tribunal.

"Lo idóneo sería que toda esa gente saliera de Atoyac. La persecución a todas las familias y el estigma sigue. Es aberrante que por donde quiera se vean soldados. Para todo atoyaquense ver a esa gente con su poder, sus armas que aniquilaron a todo un pueblo, no es grato verlos", dijo Rosa Radilla Martínez.

La Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, y la Comisión, que encabezaron durante 8 años y medio la defensa de la familia de Rosendo Radilla en contra del Estado, coincidieron en demandar que ante la determinación de la Corte, sea Secretaría de Gobernación la que presente la iniciativa ante el Congreso para reformar el artículo 57 al Código de Justicia Militar y la Ley de Desaparición Forzada para que los militares que cometan violaciones puedan ser juzgados ante un tribunal civil.

En la sede de la Comisión, Tita Radilla, aseguró que lo ocurrido el 25 de agosto de 1974 "no es un delito del pasado. No sabemos cómo desaparecieron nuestros familiares, cómo pasaron tantos años.

"Día a día los hemos estado buscando. Día a día es el dolor, la tortura, el sentimiento de no saber qué ocurrió con ellos. No es un hecho del pasado, es un hecho del presente, hay casos recientes".

Los abogados de la Comisión se pronunciaron porque en la investigación que la Corte demanda al gobierno de México, se debe proceder de manera que se establezcan responsabilidades en contra de quienes en ese momento estaban al frente de la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, de las áreas de investigación del gobierno federal y también del entonces presidente de Luis Echeverría.

Durante la conferencia de prensa, Juan Carlos Gutiérrez de la Comisión informó que la decisión de la Corte adquiere total relevancia debido a que obliga al estado mexicano a responder en un año a cada una de las determinaciones del tribunal.

"Por eso invitamos al presidente Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que en Atoyac vayan a realizar esas excusas públicas, y además develar una placa en memoria de Rosendo Radilla".



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