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Peritos culpan a Marina de manipular cadáver

29 de diciembre de 2009.

Peritos y fotógrafos acusados de manipular el cadáver de Arturo Beltrán Leyva, considerado por el gobierno federal como el líder del cártel del mismo nombre, protestaron por la suspensión provisional que decretó la Procuraduría General de Justicia de Morelos en su contra, al decir que ellos solo recibieron órdenes para realizar el procedimiento legal.

Asimismo se deslindaron de haber alterado la escena del crimen y de la colocación de billetes y objetos enciman del cuerpo de Beltrán Leyva, abatido por elementos de las Fuerzas Armadas de México el pasado 16 de diciembre en un departamento del conjunto habitacional Altitude con sede en esta ciudad.

Su reacción ocurrió luego de que la PGJ de Morelos divulgó de manera oficial que los seis trabajadores del Servicio Médico Forense -tres proceptores, un perito fotógrafo, un criminalista y el médico legista- fueron suspendidos de manera provisional y sujetos a investigación por haber manipulado el cadáver de Beltrán Leyva.

En sus declaraciones radicadas en el expediente administrativo VG/SV/302-12 los peritos afirman que cuando llegaron al lugar del crimen el cuerpo de Beltrán Leyva "ya había sido arrastrado y no se encontraba en el lugar donde había caído".

El visitador general de la dependencia, Óscar Erwin de las Casas Flores, declaró que los peritos relataron en su informe que la orden para realizar el levantamiento del cadáver fue de una autoridad federal, aunque no pudieron identificarlos porque estaban cubiertos del rostro.

Los trabajadores declararon a la prensa local que "cuando llegaron a la escena del crimen, todo había sido manipulado por elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México; entonces por qué ahora se quieren limpiar con nosotros, culpándonos de algo que nunca hicimos".

De manera anónima afirmaron que entre las irregularidades que encierra este caso se observa que acudieron a un "levantamiento" que no les correspondía porque su origen era de carácter federal".

Agregan que poco después de la una de la mañana de ese miércoles el coordinador del Servicio Médico Forense y Periciales les ordenó trasladarse al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cadáver, "todo ello en medio de un marcado hermetismo por parte de los elementos de la Marina, pero no los que estaban uniformados, sino otros vestidos de civil".

"Al llegar a (conjunto habitacional) Altitud, nos piden que nos detengamos, nos ordenan esperar, esto en la entrada, posteriormente nos permiten ingresar a la parte baja, al jardín antes de iniciar el ingreso a los edificios, donde nos recibe un hombre y una mujer vestidos de civiles, que creemos son de la Marina, y son ellos los que nos dicen cómo hacer las cosas, yendo en primer lugar a ver dos cadáveres que habían quedado afuera, sin que se nos permita recabar las evidencias como lo establece la norma, nos dicen que así como están las cosas, hagamos nuestro trabajo".

"Al ingresar a los edificios y llegar al departamento 201 encontramos el cadáver número 3, que después sabríamos era el de Arturo Beltrán Leyva, pero para esto, cuando llegamos a este lugar, los de la Marina permiten el acceso de los reporteros y camarógrafos de los medios de comunicación y es ahí donde se altera la escena del crimen, mientras nosotros estamos en una habitación contigua, los de la Marina dejan que los fotógrafos y camarógrafos tomen imágenes de un cuerpo, que ya estaba cubierto de billetes de diferentes denominaciones y otros objetos".

Los trabajadores del Servicio Médico Forense manifestaron su inconformidad porque las autoridades federales tratan de responsabilizarlos de algo que ellos no cometieron.

"En lo que es obvio, sólo los elementos de la Marina tenían el control total de la escena del crimen; tan es así, que momentos después de que nosotros terminamos de hacer nuestro trabajo, como ellos nos dijeron y quisieron que lo hiciéramos, llegaron elementos de la Procuraduría General de la República y nos reclamaron, de porqué habíamos hecho los levantamientos, si era a ellos a quienes correspondían estas indagatorias, pero les explicamos que nosotros sólo recibimos órdenes; entonces, ahora porqué nos quieren culpar de algo que no hicimos".

Los trabajadores afirman que con los señalamientos en su contra no solo son ubicados como presuntos responsables sino que son colocados en un estado de total indefensión.

"¿De qué se trata?, de que las autoridades federales se limpien con nosotros a costa de lo que sea; eso es criminal y será su responsabilidad lo que nos pase", afirmaron.

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