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El periodismo en México desprotegido y en peligro

22 de enero de 2010.

México D.F., 22 de enero de 2010 (Jesús Esquivel / Proceso).-En Colombia –país de donde el gobierno de Felipe Calderón importa políticas y tácticas de combate al crimen organizado– costó mucho tiempo y muchos muertos comprender que la prensa ayuda a mantener el control social sobre las fuerzas armadas y a revelar la penetración del crimen organizado en las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, en México se sigue desprotegiendo, cuando no hostigando a los periodistas, dice en entrevista la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero.

El asesinato de periodistas a manos del crimen organizado es un problema creciente en México, y la respuesta básicamente militar del gobierno aumenta el riesgo que corren los comunicadores, asegura Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La respuesta militar del Estado al problema del narcotráfico puede convertirse en un problema mayor, porque la mayoría de los ejércitos que no han sido entrenados en la lógica de derechos humanos piensan en términos amigo-enemigo”, dice Botero en entrevista con Proceso.

La relatora de la CIDH afirma que en el continente hay mucha preocupación por los asesinatos y las desapariciones forzadas de periodistas en México, igual que por la falta de disposición del gobierno para brindarles más protección.

“El problema que está enfrentando México es probablemente uno de los más importantes para la libertad de expresión que tenemos en toda la región”, sostiene Botero, quien antes de llegar a la relatoría fue magistrada auxiliar en la Corte Suprema de su natal Colombia, donde también dirigió la Oficina Nacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

“Cuando el ejército piensa así, bajo los términos amigo-enemigo, el que escribe contra ti es tu enemigo, y si es tu enemigo es amigo de tu enemigo, por lo tanto es narco”, explica.

De esta forma, “el periodista no sólo termina siendo el blanco del narcotráfico, de la criminalidad organizada y de las mafias, sino también el blanco de quienes los están combatiendo. Y sobre todo cuando el periodista además investiga los abusos de derechos humanos que se cometen en esa lucha”, puntualiza.

Protección necesaria

La tortura y asesinato de Valentín Valdés Espinosa, reportero del diario Zócalo de Saltillo, que ocurrió el jueves 7 presuntamente a manos del narcotráfico, provocó que la relatora Botero hiciera un nuevo llamado urgente al gobierno de Felipe Calderón:

“La Relatoría Especial exhorta a las autoridades mexicanas a fortalecer en forma urgente los cuerpos de investigación abocados al esclarecimiento de esta clase de crímenes, e insta al Estado mexicano a crear mecanismos especiales de protección que respondan en forma adecuada y efectiva a la grave situación de riesgo que sufren los periodistas en ese país, particularmente en la zona de la frontera norte”, dice el comunicado de prensa que emitió la oficina de Botero el lunes 11.

La relatora de la CIDH subraya que el crimen organizado necesita la clandestinidad para funcionar y crecer. “Los principales enemigos de la clandestinidad son los periodistas, los buenos periodistas, los periodistas que no tienen miedo, que hacen periodismo de investigación y alertan a la sociedad sobre la existencia de las mafias”, apunta.

La situación de la prensa mexicana que investiga y difunde la problemática del narcotráfico, dice Botero, empeora cuando los periodistas dan a conocer los abusos a los derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad encargadas de combatir a los criminales.

Esa situación es particularmente peligrosa: “Ahí el periodista está perdido, está en el peor de los mundos”, enfatiza Botero.

Con la excepción de Colombia, en los países de América Latina no existen mecanismos necesarios y eficientes para brindar protección a los periodistas, comenta.

“En Colombia costó mucha sangre y, de alguna manera, una fuerte presión internacional para que el Estado reconociera la importancia de crear un Comité de Protección de Periodistas, al cual hay que invertirle mucho dinero”, señala.

–¿Existe en este momento una presión internacional para que en México se conforme un comité como ése? –pregunta el reportero.

–Hay que entrenar a todas las fuerzas de seguridad para que abandonen la teoría amigo-enemigo y entren en una teoría de lucha contra la criminalidad en un Estado democrático. En la opinión de Botero, en el contexto del combate militarizado contra el narcotráfico como el que se realiza en México, la importancia de la prensa radica en que ayuda a establecer controles sociales para que el Estado rinda cuentas en materia de defensa de los derechos humanos.

“Uno no puede afrontar esa lucha con las mismas reglas criminales con las que actúan los narcotraficantes, y la única manera en que no haya abusos es que haya controles. Y el principal control es el que da la prensa”, enfatiza.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ya le ha planteado al gobierno de Calderón la necesidad de crear un comité para la protección de periodistas en México. Botero dice que incluso el gobierno federal recientemente le informó que se evalúa la posibilidad de crearlo, aunque no hay fechas establecidas.

En Colombia, el Comité para la Protección de Periodistas actúa rápidamente cuando recibe un aviso de que está en riesgo la integridad física de un informador:



“Se envía a las fuerzas de seguridad a crear cordones de protección para el periodista y su familia. Tienen la orden de hacer todo lo que se tenga que hacer y eso obviamente cuesta una fortuna. Es claro que mantener las libertades en un conflicto como el que se está viviendo en México cuesta plata, pero eso es lo que cuesta la democracia”, dice Botero.

Duro aprendizaje

La relatora Catalina Botero confiesa que su labor es muy ardua porque es difícil convencer a los gobiernos de que deben hacer algo similar o igual a lo que hizo Colombia para defender a la prensa.

“Para el caso de México, esperamos que se fortalezca la fiscalía para la protección de periodistas (la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República), ya que creemos que es importante evaluar si esa fiscalía en este momento tiene capacidad institucional para actuar; porque la situación merece unos cuerpos de investigación que puedan actuar de manera rápida, sólida, eficiente y técnica”, señala.

No se trata de una necesidad secundaria, aclara la relatora especial:

“Entendemos la situación de un país acosado por una mafia de ese tamaño, pero nosotros creemos que una de las prioridades del Estado mexicano tiene que ser la defensa de los periodistas y de la prensa.”

El reportero le pide su opinión a Botero sobre el efecto que tiene en la prensa mexicana un caso como el asesinato de Valdés Espinosa.

–La autocensura es la condición para que el crimen organizado se desarrolle, pero además para que logre permear a otras instituciones: a las privadas y a las públicas. El silencio, el secreto, cuando la sociedad no habla sobre ese tema, genera el clima perfecto para que el crimen organizado pueda cooptar a las otras instituciones.

–¿Cuánto tiempo le costó a Colombia entender la importancia social de proteger a la prensa que estaba amenazada por el narcotráfico?



–Muchos años y muchos muertos, pero ya está (aprendida) esa experiencia.

–¿A México le está costando entenderlo?



–Yo creo que el Estado mexicano necesita hacer un esfuerzo mayor para entender la importancia de la libertad de expresión, sobre todo en estas circunstancias. Eso no es un lujo, a la delincuencia no sólo se le combate con armas, sino también haciendo público lo que sucede; controlando las decisiones de la administración y poniendo en alerta a la sociedad donde eso está pasando.

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH visitará México en las próximas semanas para volver a plantearle directamente al gobierno de Felipe Calderón la urgente necesidad de que se brinde una mayor protección a los periodistas y para exigir el esclarecimiento de asesinatos como el del reportero Valdés Espinosa, del periódico Zócalo





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