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Reclaman adictos liberación a la Corte

27 de enero de 2010.

La Suprema Corte de Justicia tendrá que definir si cientos de personas acusadas de poseer o vender cantidades reducidas de drogas prohibidas pueden ser absueltas o incluso salir de prisión, a raíz de la reforma de agosto pasado que despenalizó este tipo de conductas.

El máximo tribunal ha recibido por lo menos 25 amparos desde finales de 2009, de acusados de todo el país que reclaman la aplicación retroactiva a su favor de la reforma a la Ley General de Salud, que establece que no se impondrá sanción penal a quien posea para consumo personal cantidades que no sobrepasen, por ejemplo, medio gramo de cocaína o 5 gramos de marihuana.

El problema es que el Congreso señaló expresamente en la Ley que los procesos por delitos cometidos antes de agosto de 2009, seguirán rigiéndose bajo las normas vigentes cuando se incurrió en la conducta, y este Artículo transitorio es el que la Corte deberá interpretar.

El tema ha generado gran confusión entre magistrados y jueces federales, algunos han aceptado aplicar retroactivamente el nuevo escenario legal y han reducido o eliminado penas, mientras otros se han negado.

Tan sólo entre 2007 y 2009, la PGR acusó a 157 mil 511 personas por posesión de drogas. No todas están en prisión, pues las penas por estos delitos solían ser muy bajas, pero muchas siguen bajo proceso o con una condena vigente aunque no implique cárcel.

En 2009, el Pleno de la Corte sostuvo un intenso debate sobre narcomenudeo, pero con base en leyes previas a esta reforma, que distinguían entre farmacodependientes y personas que poseían drogas sin ser adictas.

La posible aplicación retroactiva de la reforma de agosto sólo fue planteada por la ministra Olga Sánchez, quien rápidamente retiró su propuesta, no sin antes escuchar una refutación de su colega Margarita Luna.

"Aquí no podríamos hablar jamás de una aplicación retroactiva en beneficio", afirmó Luna, al recordar que la facultad de aplicar retroactivamente nuevas normas que favorecen a un acusado deriva del Código Federal de Procedimientos Penales, no de la Constitución.

El tema, a fin de cuentas, no fue aclarado, pero esta vez la Corte no podrá evadirlo, pues los amparos requieren que interprete los alcances del Artículo 14 Constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes en perjuicio de los ciudadanos, lo que ha llevado a entender que es válida la aplicación retroactiva cuando resulta benéfica





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