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Protección al ejercicio periodístico requiere la unión y respaldo de la sociedad

12 de febrero de 2010.

México D.F., 11 de febrero de 2010.- Representantes de instituciones y organizaciones de derechos humanos como Alberto Brunori, titular en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Centro de derechos humanos Vitoria Diez, Fundar, el ombusdman capitalino Luis González Plascencia, Gerardo Sauri, titular de la Relatoría para Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CDHDF, integrantes de la comunidad internacional, analistas de medios, periodistas, así como representantes de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores confluyeron la mañana de ayer en Casa Lamm en la presentación del informe Entre la violencia y la indiferencia: Informe de Agresiones contra la Libertad de Expresión en México 2009 que entregaron las organizaciones civiles ARTICLE 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) como resultado del trabajo de tres años de sistematización e investigación de casos de agresiones a periodistas.

Desde la mesa de presentadores, Juan Wiliams periodista y analista de Fox News, quien colaboró durante 21 años para The Washington Post, recordó haber sufrido la violencia y la censura en carne propia y advirtió que la situación en México en materia de libertad de expresión, -en concordancia con las cifras y el análisis que arroja el informe- se encuentra en un “punto crítico, que requiere un cambio social y político profundo, ya que el país en cuanto a protección de periodistas se está desmoronando.”

En el mismo tenor la periodista y columnista Lydia Cacho, quién también compartió la mesa, denunció la situación que se vive “desde los que estamos en el campo de batalla y que a partir de que nos creímos que hubo una transición democrática de los medios en México con Fox, vemos que hoy en día existe la posibilidad de investigar y publicar pero jugándonos la vida.”

El informe señala que el 65% de las agresiones están vinculadas a funcionarios públicos, policías y gobernantes “personas que ejercen el poder político”. En este sentido, la periodista explicó que actualmente los medios se encuentran invadidos de corrupción y son cooptados por los alcaldes y funcionarios, quienes en primera instancia, intentan compran los medios, si no pueden comprarlos agreden física y psicológicamente, después difaman o encarcelan a quienes destapan los problemas de corrupción, finalmente si estos métodos no logran silenciar el periodismo, recurren a la desaparición o al asesinato.

Por su parte, el también periodista y analista político Ricardo Raphael, aseguró que “la batalla contra los que se roban el espacio público” no puede ser ganada sin la autonomía de jueces y ministerios públicos, así como las instancias correspondientes, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, pero sobre todo, sin la unión de los propios medios y el respaldo de la sociedad informada.

Brisa Solís Ventura, directora ejecutiva de Cencos, aportó reflexiones y propuestas para frenar la situación de vulnerabilidad y agresiones físicas y psicológicas que sufren las y los periodistas por ejercer su labor informativa. Concluyó que el país vive un contexto de violencia generalizada, en el que los ataques a la libertad de expresión son un síntoma que está vulnerando directamente la vida de quienes denuncian a través de sus notas y reportajes, pero también la de los trabajadores de los medios de comunicación que los distribuyen.

Darío Ramírez, director de ARTICLE19 Oficina para México y Centroamérica, agregó respecto al trabajo realizado que “es necesario alejarse de la numeralia, no son periodistas en abstracto, estamos hablando de historias, de seres humanos y de una sociedad a la que se le está negando el derecho a ser informada, hablamos de que el 85 por ciento de reporteros de la tropa -no de los dueños de los medios- siente miedo al hacer su trabajo.”

Brisa Solís y Darío Ramírez, concluyeron en la necesidad de contar con un Estado que acate las recomendaciones que emite la comunidad internacional en materia de libertad de expresión, pusieron énfasis en la urgencia de contar con una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra periodistas sin límites estructurales ni administrativos, la necesidad de tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos con un liderazgo claro que genere investigación, seguimientos y propuestas, así como jueces y ministerios públicos independientes, y sobre todo la unión de las y los periodistas por una cultura de la prevención y seguridad desde los medios y el respaldo de la sociedad.

Finalmente, se hizo un llamado a la participación y al seguimiento de la creación de un Comité de Protección a Periodistas en donde los medios, la sociedad civil, y las instancias de gobierno correspondientes participen activamente para impulsar legislación adecuada y avanzar en una cultura de la prevención y la seguridad para garantizar la labor informativa que requiere una sociedad democrática.

“Este es el momento para que el poder del periodismo se levante por encima del poder de los intereses políticos, para contar la historia que tiene que ver con el corazón de un país, una historia que todo el mundo está observando”, advirtió Juan Williams.



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