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SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA

18 de febrero de 2010.

Representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se reunieron en la ciudad de Durango con editores de los estados de Coahuila y Durango para analizar el trabajo de los medios de comunicación en el clima de violencia provocado por el crimen organizado en el país y evaluar los casos de agresiones a periodistas. Tras el encuentro, la SIP emitió el siguiente documento que se une a las exigencias del organismo continental para que las autoridades mexicanas garanticen la libertad de prensa

LOS DIRECTIVOS de medios de comunicación de Durango y Coahuila convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa, en este Tercer Encuentro de Editores de México, repudiamos el clima de violencia que se vive en la región y en el país, que lesiona la libertad de expresión.

EXIGIMOS que las autoridades garanticen el ejercicio libre y pleno del periodismo, mostrando verdadera voluntad y eficacia al resolver los casos de periodistas asesinados y desaparecidos, y ofreciendo información veraz y soportada en pruebas, porque la impunidad y la desinformación son alicientes para que los ataques a los periodistas y sus medios se repitan.

REITERAMOS que los derechos a la vida, a la libertad e integridad personales, a la seguridad y el amparo de la justicia, a la libertad de expresión y de prensa, constituyen garantías esenciales para toda persona y son pilares de la democracia, derechos reconocidos en instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

RECORDAMOS que la Sociedad Interamericana de Prensa ha auspiciado conferencias, y encuentros con directivos de medios del país, que han arrojado acuerdos y declaraciones conjuntas como la Declaración Hermosillo en agosto de 2005, y las conclusiones de las conferencias realizadas en 2002 en Tijuana, 2006 en Nuevo Laredo, y en Ciudad de México en 2009, en donde se ha exigido que los delitos cometidos contra la libertad de expresión sean tipificados como delitos federales, que sigan el principio de no prescripción en estos casos y que no se permita la impunidad bajo ningún motivo.

COMO PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN debemos alertar a la sociedad sobre el daño de esta violencia generada por poderes fácticos, para que en corresponsabilidad podamos hacer frente a este problema.

NOS COMPROMETEMOS a impulsar y participar activamente en seminarios que permitan el entrenamiento y capacitación de los periodistas bajo coberturas de riesgo de nuestros medios informativos.

EXHORTAMOS a los tres niveles de gobierno y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a que actúen en el ámbito de sus competencias para crear de forma real mayores garantías a favor de la libertad de expresión.

RECLAMAMOS al Poder Ejecutivo Federal y Estatal a que creen la figura de la vocería especial para los casos de violencia que se presentan en las ciudades y al llevar a cabo operativos conjuntos, para ofrecer información clara, oportuna y confiable, que permita evitar la autocensura de los medios de comunicación.

PLANTEAMOS la necesidad de impulsar reformas legislativas que permitan adecuar el marco normativo a la realidad que se vive e impedir con ello la ambigüedad que provoca la debilidad de las instituciones.

CONVOCAMOS a los medios de comunicación de México a hacer un frente común, difundiendo y dando seguimiento a los casos de periodistas asesinados y desaparecidos por causas de su profesión, así como información de relevancia que esté relacionada con el crimen organizado, para generar una estrategia informativa, que permitan sumar esfuerzos frente a esta realidad





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