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Recibe Senado reforma antisecuestro de FCH

19 de febrero de 2010.

El Senado dio entrada formal a la reforma Antisecuestro enviada por el presidente Felipe Calderón, en la que se propone la prisión vitalicia para los plagiarios y que se permita grabar conversaciones telefónicas y en sitios públicos para reunir pruebas contra las organizaciones criminales

Además, la iniciativa plantea realizar operaciones encubiertas, es decir, infiltrar agentes policiacos -a quienes se les asignará una clave numérica para su identificación- en las bandas de secuestradores para conocer cómo actúan los delincuentes, y en paralelo otorgar apoyo psicológico a los agentes que delincan.

El texto -que expide la Ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro- impulsa también colocar dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a plagiarios tras purgar una condena, con el fin de prevenir nuevas conductas delictivas.

El paquete de reformas -turnado a las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera (PRI) y de Justicia (PAN)- endurece las penas para servidores públicos y secuestradores, e incluye grabar conversaciones a distancia en lugares públicos y avalar la intervención de comunicaciones telefónicas, cuando así lo amerite la investigación en torno a un plagio, se justifique ante el MP y el tiempo no exceda los 6 meses.

En caso de que las grabaciones no se acepten como prueba, deberán destruirse.

Los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán proporcionar información de inmediato, cuando les sea requerida, e incluso por órdenes de la Cofetel, suspender líneas telefónicas para evitar que los secuestradores presos delincan desde la cárcel.

Se faculta a las autoridades a realizar acciones de vigilancia, monitoreo y rastreo en Internet sobre sitios web que constituyan un medio para cometer el delito de secuestro.

También plantea recurrir a informantes anónimos, quienes podrían cobrar recompensas; además de un programa de protección de personas que colaboren con la autoridad en las investigaciones de secuestro, y otro programa, éste de apoyo a las víctimas, además de uno de restitución de derechos.

Plantea la inexcusabilidad del testigo, es decir que toda persona estará obligada a declarar cuando se encuentre en peligro la vida de la víctima y endurece las penas a los servidores públicos que revelen o divulguen información confidencial o reservada, relacionada con las investigaciones.

Los acusados de secuestro no contarán además del beneficio de la preliberación o la reducción de condena.

El Ejecutivo plantea que quienes se hagan pasar por una autoridad sin serlo para perpetrar un secuestro, y sus víctimas sean menores de edad, embarazadas, mayores de 60 años o tengan inferioridad física y mental, se les impondrán de 30 años a prisión vitalicia; 40 años de cárcel a prisión vitalicia cuando la víctima muera durante el cautiverio.

Tipifica, para no dar paso a la impunidad, distintas conductas delictivas como el secuestro exprés, la detención de una persona en calidad de rehén, y la simulación de un secuestro.





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