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Piden reformar Ley de Protección Civil ante fenómenos naturales

1 de marzo de 2010.

La Ley General de Protección Civil cumple este año 10 de vigencia en un país azotado por muchos fenómenos naturales, en donde han resultado miles de damnificados, cientos de muertos por lluvias, deslaves, inundaciones, accidentes, incendios y explosiones.

Estudios legislativos y diputados federales destacaron que el llamado "cambio climático, sumado a la corrupción de autoridades de todos los niveles, la construcción de viviendas en zonas de riesgo, la deforestación y la ausencia de una política de Estado en materia de protección civil, ponen al país en una situación de vulnerabilidad.

"Se requiere una reforma integral a la Ley General de Protección Civil, ya que nació sólo con la idea de reaccionar ante fenómenos como los sismos, los huracanes y las inundaciones", señaló el documento.

Sin embargo, "no hay un marco legal que permita ir a otro tipo de riesgos derivados de los cambios climáticos, del manejo de sustancias peligrosas o de la operación en escuelas, unidades habitacionales, estadios o antros".

El presidente de la Comisión Especial de Protección Civil de la Cámara de Diputados, Fernando Morales Martínez, expuso que en México hay poco más de siete millones de viviendas en zonas de riesgo, o que por su mala construcción o antiguedad, son un peligro ante los fenómenos naturales como lluvias, inundaciones o sismos.

El legislador federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el estado de Puebla, destacó que actualmente no se sanciona a las autoridades que incurren en actos de negligencia en materia de protección civil.

Por eso, abundó, se debe legislar en el tema para obligarlos a actuar, con el fin de que no se repitan casos de muerte en las guarderías, o en los antros, o que no se avise de los riesgos naturales a la población.

De acuerdo con el estudio "La protección civil en México", elaborado por el Senado de la República, "la cultura de protección civil es muy reciente y no ha permeado en toda la sociedad".

Lo anterior, expresó Morales Martínez, a pesar de que México ha sufrido sismos como los de 1985, las explosiones en Guadalajara y San Juanico, la erupción del volcán Chichonal en Chiapas, el azote de diversos huracanes en la última década, las inundaciones y las sequías.

Mencionó que a pesar de todos esos eventos naturales y desastres que dejaron miles de muertos en México, no fue sino hasta el año 2000 cuando se aprobó la Ley General de Protección Civil, misma que requiere de una reforma integral a 10 años de su vigencia.

A su vez, el presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático de la Cámara de Diputados, César Daniel González Madruga, dijo que la protección civil debe prever a los nuevos fenómenos naturales que se registran.

Entre estos fenómenos citó las sequías, las plagas, epidemias como el dengue en zonas donde antes no aparecía, e incluso el aumento del nivel del mar en las próximas décadas de entre 18 y 59 centímetros.

El diputado federal del PRI e integrante de la Comisión de Gobernación, Arturo Zamora Jiménez aseveró que la protección civil "se ha enfocado, a nivel federal, a la entrega de cobijas, de despensas, de enseres domésticos".

Esa entrega se ha hecho con "un manejo faccioso y a veces hasta electoral de esos recursos, que en ocasiones tardan meses en llegar a los damnificados por personal que no cumple el perfil profesional para estas tareas".

Expuso que el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) debe dejar de operar como una "caja chica del gobierno federal".

Dijo que se debe legislar para que de forma automática, una instancia técnica, al margen de la Secretaría de Gobernación (Segob), determine los municipios o estados que deben ser atendidos de forma inmediata, "vamos a legislar al respecto", añadió.

El análisis del Senado mencionó que se requiere la reconversión de la Coordinación General de Protección Civil en un organismo público, con autonomía técnica y operativa así como establecer políticas de Estado a largo plazo, de por lo menos 25 años.

El informe senatorial propuso "fortalecer el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y que tenga mayor vinculación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

También destacó aplicar sanciones administrativas y penales a los funcionarios encargados de protección civil en materia de prevención y operación en casos de contingencias en los tres niveles de gobierno que incurran en actos de negligencia, corrupción o manipulación de la ayuda.

"Se debe dejar de ver a la protección civil como únicamente los simulacros en oficinas ante la alerta sísmica", sostuvo el diputado Fernando Morales.

"Se debe emprender una política de Estado ante diversas contingencias y fenómenos naturales, para evitar la pérdida de más vidas humanas no sólo por lluvias o sismos, sino también por la negligencia y la corrupción en los centros escolares y de trabajo, concluyó



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