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Legislan sin prisas tráfico de armas

22 de marzo de 2010.

El Senado y la Cámara de Diputados mantienen congeladas diversas reformas y puntos de acuerdo para endurecer el castigo contra el tráfico de armas y presionar al Gobierno de Estados Unidos para combatir el problema.

Desde abril de 2009, los diputados conservan en comisiones de trabajo dos reformas impulsadas por la bancada del PRI en el Senado, en las que se obliga al Ejecutivo a incorporar las amenazas en materia de seguridad en la Agenda Nacional de Riesgos y se incrementan los castigos contra los funcionarios involucrados en tráfico de armas.

En el segundo caso, la reforma -aprobada por el Senado-- modificó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para incrementar las sanciones penales en contra de los funcionarios que permitan el tráfico de armas, que podrán ser castigados hasta con 90 años de cárcel.

La minuta, congelada en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Baja, establece que los funcionarios que permitan el ingreso y la transportación ilegal de los artefactos también serán sancionados con la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Según los legisladores, la iniciativa tiene como propósito principal impedir la introducción ilegal de armas a México, al endurecer las penas contra servidores púbicos.

Con las modificaciones al Artículo 84 de la Ley, se establece una pena mínima de 15 y una máxima de 45 años a los servidores que no impidan el tráfico de de armas a México. La sanción podría aumentarse hasta el doble.

Fernando Castro Trenti, senador del PRI, condenó la parálisis legislativa y demandó a los diputados acelerar el dictamen y aprobación de las leyes pendientes, con la finalidad de dotar al Ejecutivo de más instrumentos para hacer frente a ese tipo de delitos.

Por otro lado, también a petición del PRI, el Senado envió una excitativa a su propia Comisión de Relaciones Exteriores para que se dictamine, a la brevedad, un llamado al congreso federal y legislaturas locales de la región fronteriza de Estados Unidos para que legislen para combatir el tráfico de armas hacia México y evitar su "fácil adquisición".

Castro Trenti dijo que 2009 fue el año más violento, pues concluyó con un total de 7 mil 800 ejecuciones, cometidas, en su mayoría, con armamento que proviene de Estados Unidos y que ingresó de manera ilegal por la frontera Norte.

Recordó que en el caso del asesinato de tres personas relacionadas con el Consulado estadounidense en Ciudad Juárez, se vieron involucradas bandas criminales que utilizaron justamente ese tipo de armamento, que pudo provenir de alguna de las más de 12 mil tiendas localizadas en la zona fronteriza.



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