Weekly News

Condenan caso de periodista venezolano

26 de marzo de 2010.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, solicitó la pronta liberación de Guillermo Zuloaga, presidente del canal opositor Globovisión

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) condenaron la detención en Venezuela del periodista Guillermo Zuloaga, presidente del canal opositor Globovisión, mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, solicitó su pronta liberación.

Zuloaga fue detenido en un aeropuerto de estado Falcón luego que la Asamblea Nacional de Venezuela pidió el martes pasado al Ministerio Público investigarlo por las declaraciones críticas que hizo el domingo pasado contra el gobierno del presidente Hugo Chávez, durante la reunión semestral de la SIP, en Aruba.

El presidente de Globovisión dijo en esa ocasión que Chávez usa la fuerza para cerrar medios y tratar de dividir a los ciudadanos.

La SIP aseguró este jueves en un comunicado que en su reunión en Aruba también participaron simpatizantes del gobierno de Hugo Chávez.

El presidente del organismo que agrupa a mil 300 publicaciones del continente, Alejandro Aguirre, lamentó la acción contra el empresario venezolano y dijo que esta es una agresión contra la libertad de opinión y contra Zuloaga, así como contra la SIP y el derecho del pueblo venezolano a recibir información y a expresarse.

La retención de Zuloaga y su posible detención "confirma la censura y hostilidad gubernamental contra los medios que nuestra institución viene denunciando desde hace una década", indicó el también subdirector del Diario Las Américas, con sede en Miami, Florida.

Añadió que "esto confirma que estamos frente a un gobierno que quiere penalizar la mera opinión, como un método de amedrentamiento para callar a la prensa y a la opinión, por lo que tememos que Zuloaga, cuyo canal tiene 40 procesos judiciales y administrativos, corra la misma suerte que el opositor político y ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz, detenido el lunes pasado".

La SIP también manifestó su preocupación por la medida en contra del exgobernador de Zulia, Álvarez Paz, quien fue detenido y acusado por los supuestos delitos de "conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa", luego de unas declaraciones en el programa Aló Ciudadano de Globovisión.

En ese programa, Álvarez Paz se refirió a presuntos vínculos del Gobierno con el narcotráfico y el terrorismo; "denuncia, que igual que el caso de Zuloaga, fue presentada al cuerpo legislativo por la Comisión de Ciencia Tecnología y Comunicación, presidida por el diputado oficialista Manuel Villalba", agregó la SIP.

Human Rights Watch (HRW) señaló, también en un comunicado, que "la detención de dos conocidos críticos (Zuloaga y Álvarez Paz) en respuesta a sus declaraciones públicas criticando el gobierno representa un fuerte golpe para la libertad de expresión en Venezuela". José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que "procesar penalmente a una persona por una expresión crítica que está protegida en cualquier democracia es un muy mal precedente".

"Dadas las limitaciones a un juicio justo, producto del copamiento político del Tribunal Supremo por parte del gobierno, es muy probable que las violaciones a la libertad de expresión se agraven", agregó.

HRW señaló que en el 2004, Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional emprendieron un copamiento político del Tribunal Supremo que logró neutralizar al poder judicial como rama independiente del gobierno y desde esa fecha "el Tribunal no ha cumplido con su rol como contralor del accionar arbitrario del estado y garante de los derechos fundamentales".

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó su preocupación por "las repercusiones políticas nacionales e internacionales de esta situación" y solicitó a las autoridades venezolanas la pronta liberación de Zuloaga.

Si se decide juzgarlo, que se haga respetando la presunción de inocencia y otorgándole todas las garantías que la ley le asegura, agregó Insulza en un comunicado difundido por la OEA



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