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Proponen una oficina contra la corrupción

29 de marzo de 2010.

Ante el fracaso en el combate a la corrupción, la bancada del PAN en el Senado propuso endurecer los mecanismos para incrementar la persecución del delito y hacer efectivos los castigos contra funcionarios públicos.

Con el respaldo blanquiazul y del PRD, un grupo de legisladores impulsa en la Cámara Alta una reforma legal y constitucional para crear la Comisión de Combate a la Corrupción.

Ayer se publicó que la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gasto público sirve para muy poco.

Cada año, dicho órgano entrega un informe con observaciones por irregularidades en el manejo del presupuesto, sin que ello derive en acciones concretas de combate a la corrupción.

Según la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, el trabajo que realiza la ASF desde hace 10 años no contribuye a evitar desvíos o malos manejos en la administración pública federal.

En ese sentido, el proyecto establece que los servidores públicos serán responsables por los actos u omisiones en los que incurran en el desempeño de sus funciones.

"Rescatamos la necesidad de que los delitos de funcionarios públicos sean investigados y perseguidos por un órgano que tenga autonomía respecto al poder involucrado, como condición de eficacia de dichas actividades.

"Se propone la creación de una Comisión Federal de Combate a la Corrupción que cuente con las facultades que en materia de investigación y procuración de justicia ahora tiene el Ministerio Público respecto a delitos cometidos por servidores públicos", explicó el senador Fernando Elizondo.

La iniciativa obliga al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados a crear organismos para investigar los delitos cometidos por los servidores e incluso ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

Las comisiones de combate a la corrupción, federales y estatales, serán organismos públicos que gozarán de autonomía política, jurídica, administrativa y presupuestal.

Incluso, tendrán todas las atribuciones que tiene el Ministerio Público en materia de procuración de justicia.

Para cumplir con sus funciones, podrán auxiliarse de cualquier órgano de Gobierno.



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