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Allanamiento y robo de las instalaciones de Contralínea

13 de abril de 2010.

La revista Contralínea denunció el 12 de abril el allanamiento de sus instalaciones y el robo de documentación periodística y contable. Esta agresión se da en el contexto de una serie de juicios por daño moral que la revista enfrenta desde 2007 por la publicación de investigaciones en torno a temas de corrupción.

Según lo recogido en la denuncia ante la Procuraduría de General de Justicia del Distrito Federal (número de expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04), trabajadores de la revista relataron que el pasado lunes 12 de abril por la mañana encontraron forzada la puerta de acceso principal a las oficinas y al entrar se dieron cuenta que habían sido allanadas: “desde el área de la dirección hasta el área ejecutiva había indicios de que alguien se introdujo y removieron cajones, archivos, carpetas y documentos de la empresa principalmente”. Contralínea dio a conocer que una serie de documentos financieros y contables habían sido sustraídos así como información periodística, computadoras y celulares.

Desde 2007, tanto la empresa Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., que edita las revistas Contralínea y Fortuna, Negocios y Finanzas, como su director, Miguel Badillo y las periodistas Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y Jorge Meléndez, han sido objeto de diversas demandas por parte de los grupos empresariales Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine, contratistas de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Contralínea considera que estas demandas están relacionadas con las publicaciones que la revista ha hecho sobre corrupción y la adjudicación irregular de contratos a estas empresas por parte de PEMEX. Las demandas se han interpuesto en el Distrito Federal y en los estados de Jalisco y Sinaloa.

En relación a estas demandas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 57/2009 en septiembre de 2009 donde se advierte que “las diversas demandas promovidas por particulares y empresas ligadas a un mismo grupo empresarial y aceptadas por distintas instancias judiciales, aunado a las irregularidades administrativas detectadas, pueden constituir un medio indirecto para coartar la libertad de expresión, como consecuencia del trabajo periodístico de los quejosos”.

La recomendación también acredita “irregularidades administrativas cometidas por personal del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, que vulneran las garantías a la legalidad y seguridad jurídica que debe revestir el procedimiento judicial civil”. El Poder Judicial de Jalisco aceptó la recomendación, comprometiéndose el Supremo Tribunal de Justicia de esta entidad a tomar medidas para frenar el acoso judicial ejercido contra las y los comunicadores.

ARTICLE 19 y Cencos emitieron varias comunicaciones en 2009 en torno al caso Contralínea. En enero, sobre la detención y posterior liberación de Miguel Badillo y de las amenazas en contra de Ana Lilia Pérez; y, en febrero, sobre el intento de allanamiento de sus oficinas por parte de funcionarios públicos y abogados del Grupo Z.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recoge que las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.



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