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CIDH juzga a México por abuso a indígena

15 de abril de 2010.

Sus labios están secos. Lleva los pies descalzos. Su cabello, negro y largo, está a medio trenzar. Mira a los ojos sólo por un segundo y, de inmediato, baja la mirada. No deja de acariciar las puntas de su cabello, mientras habla. Su voz, por momentos, suena bajito.

Hay que aguzar el oído para escucharle, aunque eso de poco sirve, porque Inés Fernández Ortega es indígena y no habla español. Su historia la cuenta en su lengua materna, el Me’phaa. Su amiga Obtilia traduce: “Decidí denunciar porque yo escuchaba que a otras mujeres les habían hecho lo mismo, pero ellas no denunciaban... El gobierno dice que no es cierto, pero yo sé que sí me pasó, que los guachos me dañaron, me violaron”.

El 22 de marzo de 2002, Inés Fernández se convirtió en protagonista de una historia que ya llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se tata de la primera vez que este organismo internacional abre un juicio contra el gobierno mexicano por utilizar la agresión sexual como mecanismo de tortura en contra de una mujer indígena.

Este jueves 15 de abril, en el Palacio de Justicia de Lima, Perú, la Corte realizará una audiencia donde tratará la historia de Inés. Su caso es el primero en llegar a esta instancia, pero no es el único en donde miembros del Ejército mexicano son acusados de ejercer la agresión sexual contra una mujer indígena.

Los días 27 y 28 de mayo, en Costa Rica, se realizará la audiencia en donde la Corte analizará la denuncia de Valentina Rosendo Cantú. El 16 de febrero de 2002 fue violada por soldados.

“Mamá no salgas, enciérrate”

Inés Fernández vive en Barranca Tecuani, municipio de Ayutla. Tiene 33 años y cinco hijos. Su delgado cuerpo no parece el de una mujer que espera a su sexto hijo. Ella dice que tiene cinco meses de embarazo, pero el ultrasonido muestra que podría tener ocho meses.

Por lo avanzado de su embarazo, Inés no pudo viajar a Lima, Perú, para declarar en la audiencia. Su testimonio se presentará en video.

Cuando vivió la agresión sexual, Inés sólo tenía cuatro hijos. Ellos la acompañaban cuando llegaron los soldados preguntando por Fortunato, su esposo. También preguntaron de dónde había sacado la carne que estaba en el patio secándose. Ella no contestó. Su hija mayor, que ahora tiene 17 años, tomó a sus hermanos y salió corriendo cuando miró como un soldado empujó a su madre y la tumbó en el suelo.

“Cada vez que (mis hijos) oyen la voz de los guachos o la gente dice que ya están en otra comunidad, los niños dicen: ‘mamá no salgas, enciérrate’. Ya no se van al monte a buscar fruta. Antes era diferente. Mis hijos tienen mucho miedo de encontrarse con los guachos”.

Cuando los soldados se fueron, el patio lucía vacío, ya no estaban los trozos de carne que había puesto a secar.

Fortunato, el esposo de Inés, fue el primero en ir con las autoridades. “Los guachos se robaron mi vaca”, denunció. Ni una palabra de la violación. Inés fue la que se atrevió a hablar.

Alejandra González Marín, psicóloga del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, comenzó a tratar a Inés en 2006. “La encontré aterrada. No salía de su casa, ni siquiera al solar. Tenía dolores de cabeza, falta de sueño y un sentimiento de persecución”.

Inés cuenta que antes de que los guachos llegaran a su casa “tenía todo, era feliz con mis hijos... nunca hacía falta maíz, porque yo salía a ayudar a mi esposo al campo”.

Con su voz de susurro, Inés repite varias veces una frase: “Que se haga justicia”. No quiere una justicia sólo para ella. “Si los detienen, de mi mente no van a poder sacar todo lo que me destruyeron... Pero hay más mujeres que sufrieron eso. Y ellas también piensan como yo, que si salen al monte, las pueden volver a agarrar. Hay varias mujeres que me han comentado que no quieren que vuelva a pasar eso”.

De líder a víctima

Antes de la agresión sexual, Inés era reconocida en su comunidad como una líder. Era de las pocas mujeres dispuestas a exigir servicios médicos, caminos, proyectos productivos. Junto con otras indígenas participaba en la entonces llamada Organización Indígena del Pueblo Mixteco y Tlapaneco.

“Cuando se fundó la organización, los guachos comenzaron a subir a las comunidades seguido. Yo era la que organizaba a las mujeres, por eso creo que fueron sobre mí, porque querían callarme. Pero no me voy a quedar callada”.

El abogado Mario Patrón Sánchez, del Monitor Civil de la Policía y Cuerpos de Seguridad en La Montaña y asesor jurídico en los casos de Inés y Valentina, explica por qué la denuncia se interpuso por agresión sexual, practicada como un mecanismo de tortura:

“A Inés se le cuestionó sobre dónde estaba su esposo y de dónde habían agarrado la carne que tenían en casa, como si se tratara de una investigación criminal. Ante la ausencia de esa información, procedió la agresión sexual”.

Agrega que las historias de Inés y Valentina no son las únicas documentadas en Guerrero. Amnistía Internacional tiene información de cuatro casos más de indígenas violadas por soldados. Sin embargo, las mujeres y sus familias no emprendieron acciones legales. Destaca que los casos de Inés y Valentina, y otros en donde el Ejército mexicano ha violado derechos humanos en Guerrero, muestran que la entidad aún vive las consecuencias de la Guerra Sucia de los 70: “Toda acción organizativa, en términos rurales y comunitarios, es vista como una acción de insurgencia”.

“Para qué denuncias...”

Inés apenas y se mueve de la silla. El calor sofocante de estas tierras la tiene sin cuidado. Sólo se mueve cuando habla, de nuevo, de la justicia: “Sé que el gobierno está enojado conmigo porque denuncié. Pero si a una familia de ellos le hubiera pasado algo igual, así como a mí, ellos luego, luego los iban a detener. Como soy de una comunidad, no hay justicia. Por eso mi denuncia está fuera del país, para que me ayuden”.

A partir de su denuncia, Inés, su familia y miembros de las organizaciones civiles que la acompañan en su defensa han recibido amenazas de muerte. Una de ellas se concretó el 10 de febrero de 2008, cuando apareció muerto Lorenzo Fernández, hermano de Inés.

Estas amenazas propiciaron que en marzo y abril de 2009, la Corte ordenara al Estado mexicano otorgar medidas provisionales para garantizar la seguridad de 107 personas, entre miembros de los organismos, testigos y familiares.

Sin embargo, asegura Patrón Sánchez, esas medidas “no se han cumplido totalmente”. Por ello, “el caso de Inés Fernández podría generar un precedente porque la Corte Interamericana tiene posibilidades de obligar al Estado mexicano a establecer un mecanismo de cumplimiento de sus resoluciones”.

La voz de Inés deja de ser un susurro. Se escucha un poco más fuerte y sus palabras salen rápido: “En la Corte espero que haya una respuesta para mí. Que detengan a esas personas, que los guachos ya no vuelvan a subir a la comunidad, porque si vuelven yo no estaría feliz”.



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