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Destaca México en informe anual sobre libertad de expresión de la CIDH

16 de abril de 2010.

México D.F., 16 de abril de 2010 (Cencos).- Ayer se dio a conocer el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) correspondiente al año 2009. Cada año, este informe analiza la situación de dicho derecho en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que incluye señalar las principales amenazas para asegurar su ejercicio y los progresos que se han logrado en esta materia.

El informe de la Relatoría está incluido en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue presentado el 15 de abril ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA. En él se recogen, entre otros aspectos, un análisis de la situación por país y la forma en cómo se implementan los estándares del sistema interamericano en los ordenamientos nacionales. Además, un capítulo está dedicado al acceso a la información y otro a las implicaciones del derecho a la libertad de expresión sobre los marcos regulatorios de las frecuencias radioeléctricas.

A pesar de ciertos avances, durante 2009 la Relatoría Especial observó con gran preocupación el aumento del número de asesinatos de periodistas y comunicadores en México. Como ha venido reiterando en sus comunicados, “la Relatoría Especial hace un llamado urgente a las autoridades mexicanas para que investiguen de manera pronta y exhaustiva los crímenes mencionados y capturen y sancionen adecuadamente a los responsables. Asimismo, exhorta al Estado a que adopte, lo antes posible, medidas indispensables para proteger a la prensa, tales como el fortalecimiento de la FEADP, la federalización de los delitos contra la libertad de expresión y la implementación de mecanismos permanentes de protección especializados para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo”. En relación a los hechos de impunidad en las investigaciones de las agresiones a periodistas, en especial de los asesinatos y desapariciones, la Relatoría Especial “subraya y toma nota” del diagnóstico sobre impunidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene en la Recomendación General 17/2009.

Sin embargo, la Relatoría también “valora y celebra” una serie de avances entre los que destacan dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación utilizando estándares internacionales. Estos fallos son analizados en un capítulo especial por la importancia de adecuar la normatividad a los estándares interamericanos y constituyen un paso importante para proteger, garantizar y promover el derecho a la libertad de expresión.

El 17 de junio de 2009 “revocó una sentencia que, con fundamento en el derecho al honor y a la vida privada, condenaba a pena de prisión al director de un periódico que había publicado una nota sobre el comportamiento de un funcionario público. La sentencia de la Suprema Corte, citando de manera expresa los más elevados estándares interamericanos, remarcó la necesidad de evitar que el derecho penal sea utilizado como mecanismo para silenciar el debate democrático sobre asuntos de interés público y funcionarios estatales”.

Posteriormente, el 7 de octubre, la Superma Corte absolvió a la revista Proceso de los cargos indemnizatorios por daño moral por la publicación de una nota sobre el primer divorcio de la esposa de un ex Presidente de la República (el llamado caso Olga Wornat). La Relatoría celebra esta sentencia por dos motivos: “De un lado, ratifica la jurisprudencia sobre aplicación de los estándares interamericanos sobre la protección especial del derecho a la libertad de expresión respecto de asuntos que pueden revestir un interés público […]”. Por otro lado, ”estableció importantes criterios de decisión de casos en los que se involucren presuntas colisiones entre el ejercicio de la libertad de expresión y la vida privada de personas públicas o notoriamente conocidas”.

Condenar agresiones

Las conclusiones y recomendaciones del informe dan cuenta de los obstáculos y los retos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en los Estados miembros de la OEA. Destacan, por ejemplo, que al menos 13 periodistas fueron asesinados por el ejercicio de su profesión y que, pese a los avances, es preciso que los estados miembros tomen medidas para investigar estos crímenes y sancionar a los responsables de manera imparcial. Además, los estados deben condenar públicamente los hechos de agresiones y amenazas para prevenir acciones que fomenten estos crímenes.

Las recomendaciones giran también en torno a eliminar cualquier forma de censura previa, a reglamentar con criterios claros la asignación de publicidad oficial, crear mecanismos independientes para la asignación de frecuencias radioeléctricas (legislando convenientemente a las radiodifusoras comunitarias) y generar mecanismos para el acceso efectivo a la información. Para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, la Relatoría menciona también que es necesario “que los Estados diseñen marcos regulatorios que respeten el ejercicio de la protesta social” y que las autoridades eviten “las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos”.



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