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Afirman militares que Calderón los mandó a las calles sin garantías en guerra contra el narco

19 de abril de 2010.

México, D.F.- “Los militares no somos ningunos cobardes. No rechazamos el combate. Pedimos al Congreso aprobar reformas en materia de seguridad nacional para que los miembros de las fuerzas armadas tengamos garantías al actuar en las calles. Nada más, pero nada menos”, expresaron generales de distintos destacamentos militares y que solicitaron el anonimato al ser entrevistados a propósito de la discusión que existe en el Poder Legislativo en esta materia.



Asimismo, revelaron que la jerarquía castrense, a partir de que los soldados son adiestrados de manera distinta a los policías y su preparación es para el ataque y no para la disuasión, como ocurre con éstos, ha planteado al Congreso y al presidente Felipe Calderón mantener el fuero militar, porque no se puede juzgar a un integrante de las fuerzas armadas como se juzga a cualquier policía.

Recordaron que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, ha propuesto al Presidente y a los legisladores dar valor probatorio a las investigaciones de inteligencia realizadas por el Ejército para que se combata la corrupción en los círculos gubernamentales y, en caso de detectar ilícitos de este tipo, los responsables sean castigados sin importar si se trata de gobernadores o secretarios de Estado, por ejemplo.

La polémica data de abril de 2009, cuando el presidente Calderón presentó su iniciativa de seguridad nacional, en la cual solicita se definan los procedimientos para que las fuerzas armadas continúen sus acciones de preservación de la seguridad interior, según define el lenguaje oficial.

Hasta hoy, la Constitución Mexicana no establece de manera específica bajo qué parámetros las fuerzas armadas pueden participar en el combate al crimen organizado ni la temporalidad del mismo. Para ello, únicamente se apoyan en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La iniciativa presidencial resalta que la participación de la Fuerza Armada Permanente como respaldo a las labores de las fuerzas de seguridad es eficiente y efectiva; sin embargo, la sociedad hoy reclama mejorar su funcionamiento en el marco del estado de derecho, y para ello debe estar debidamente sustentada su participación en la ley (...) la iniciativa pretende definir claramente el procedimiento de participación de la Fuerza Armada Permanente y sus atribuciones en materia de seguridad interior, lo que ofrecerá certidumbre jurídica y operatividad a su intervención, en favor de los ciudadanos.



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