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'Estamos contentas; al fin se hizo justicia'

29 de abril de 2010.

"Estamos muy contentas porque al fin se hizo justicia", exclamó Teresa González Cornelio, al momento en que junto a su cuñada Alberta Alcántara Juan, salía del penal femenil de San José el Alto, en Querétaro.

A las seis la tarde y a bordo de una camioneta del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, las indígenas abandonaron la prisión, justo cinco horas después de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia resolviera, absolverlas del delito de secuestro.

Teresa llevaba en su regazo a Jazmín, su hija que nació dentro del penal, a su lado iba Alberta.

Andrés Díaz, uno de sus abogados, ingresó al centro penitenciario alrededor de las dos de la tarde, para notificarles que la Corte les acababa de otorgar la "absoluta libertad". Tres horas después llegó la orden del juez al centro de reclusión; 60 minutos más transcurrieron para que dejaran la cárcel.

Ahí permanecieron tres años, siete meses y 28 días, acusadas de un delito que, ahora ha dicho la Corte, no cometieron: el secuestro de seis agentes de la extinta AFI.

Además, a Teresa González la acusaron de vender droga. Teresa demostró que nunca tuvo un comercio ambulante.

Ellas "están muy contentas, están muy felices por la resolución", dijo el defensor al exterior del penal, para luego agregar: "Estamos totalmente conformes de la decisión, pues se da un paso hacia la justicia; no es todo, pero finalmente es un primer paso que se da".

SE DEMUESTRA INJUSTICIA

Gabriel Alcántara Juan, hermano de Alberta y esposo de Teresa, afirmó que la decisión de la Corte deja en claro que su encarcelamiento fue una injusticia. El gobernador José Calzada Rovirosa expresó su beneplácito al afirmar que "ha sido una lucha de muchos años; una lucha muy complicada y que en esta ocasión, con la participación de la Corte, del Senado, de los medios de comunicación, de la sociedad civil y de muchas organizaciones, se logró la liberación de estas dos compañeras detenidas irregularmente".

La Suprema Corte absolvió ayer a las índigenas otomíes.

La Primera Sala de la Corte resolvió por unanimidad y sin debate que no se acreditó siquiera que hubo un secuestro, pues los agentes de la AFI incurrieron en múltiples contradicciones y no hay evidencia adicional sobre la participación de las acusadas.

Andrés Díaz Fernández, abogado del Centro Pro, adelantó que exigirán una reparación del daño para Alcántara y González por el tiempo que permanecieron en prisión.





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