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Ordena gobernador a MP impugne sentencia del juez

30 de abril de 2010.

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Después que un juez declarara inocente a Sergio Barraza Bocanegra, presuntamente por haber matado a su esposa Rubí Marisol Frayre Escobedo, el gobernador del estado lamentó la decisión del juez y ordeno al Ministerio Público Estatal impugne la sentencia en los términos previstos en la Ley.

Postura del gobernador;

Les he convocado para hacer pública mi indignación en mi condición de ciudadano, padre de familia y también como Titular del Ejecutivo Estatal, ante la sentencia absolutoria emitida ayer por un Tribunal de Juicio Oral a favor de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, homicida confeso de su pareja sentimental, Rubí Marisol Frayre Escobedo.

Como abogado sé que el Derecho tiene como fin último y supremo la justicia.

En este caso, tengo la convicción plena de que se faltó a este principio esencial para tutelar los derechos de las víctimas, sus familiares y en general de los ciudadanos.

Sin embargo para dar transparencia y certeza a la actuación de quienes intervinieron en este juicio he ordenado:

1.- Que el Ministerio Público Estatal impugne la sentencia en los términos previstos en la Ley, esto es, interponga el recurso de Casación.

2.- A la par solicito al titular del Poder Judicial, Magistrado Rodolfo Acosta, ordene se realice una investigación interna en relación a la conducta asumida por los jueces integrantes de este tribunal, con el propósito de determinar si su decisión se apegó al principio de legalidad y al buen juicio en la valoración de las evidencias aportadas por el Ministerio Público, evidencias como la propia confesión del imputado, del inculpado y algunos otros elementos que formulaban prueba indiciaria muy importante.

3.- A la Procuradora General de Justicia del Estado, Patricia González Rodríguez revise y valore si la actuación del Ministerio Público fue la correcta.

Asimismo, convocaré a partir de este día, a la Barras de Abogados de Ciudad Juárez, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a las organizaciones defensoras de las derechos de las mujeres, a integrar una comisión junto con un representante de la Procuraduría de Justicia del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y del Supremo Tribunal de Justicia, para que supervise las diligencias practicadas en este caso, a fin de dar certeza y trasparencia a los ciudadanos de que la investigación se hará apegada a derecho y en estricto apego a la justicia.



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