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La nueva ley que limita estudios étnicos aviva la polémica en Arizona

13 de mayo de 2010.

Phoenix, 12 may (EFE).- La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó una nueva ley estatal que limita los programas de estudios étnicos en las escuelas públicas del estado, lo que ha desatado una nueva controversia en el estado.

"Este es un nuevo golpe a la diversidad de las comunidades en Arizona, es muy triste que la gobernadora haya firmado esta ley", dijo hoy a Efe Kat Rodríguez, representante de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

Con su firma el martes, Brewer limitó el tipo de cursos que las escuelas públicas en Arizona pueden ofrecer en nombre de la diversidad cultural.

La nueva regulación, que entrará en vigor durante el próximo ciclo escolar, establece que los estudiantes deben recibir educación "que les enseñe valores como individuos y no enseñarles resentimiento y odio a otras razas o personas".

La nueva ley estatal que fue diseñada específicamente para terminar con los programas de estudios étnicos en las escuelas del Distrito Unificado de Tucson (TUSD) prohíbe cualquier curso donde se "promueva el resentimiento hacia el Gobierno de Estados Unidos".

También prohíbe cursos que sean diseñados particularmente para un solo grupo étnico.

Por años, el Superintendente de Educación de Arizona, Tom Horne, ha criticado severamente los programas de estudios étnicos y ha luchado para eliminarlos porque, a su entender, promueven el "racismo".

"Se ha demostrado con estudios y estadísticas lo efectivo que son estos programas para mejorar la educación y el aprovechamiento de los estudiantes", dijo Rodríguez en entrevista vía telefónica.

La activista aseguró que esta ley afecta directamente a todos los grupos minoritarios porque afecta los programas de estudios mexicoamericanos, afroamericanos y asiáticoamericanos, entre otros.

"Cuando yo fui a la escuela en los libros sólo un cuarto de una página era dedicada a la historia de César Chávez, creo que nuestros jóvenes tienen derecho a conocer más a fondo la historia", dijo la activista.

Por su parte, Sean Arce, director del departamento de Estudios Mexicoamericanos de TUSD dijo a Efe que el distrito escolar no tiene intenciones de hacer ningún cambio a su currículo ya que en su opinión no viola ninguna de las especificaciones de la nueva ley.

El educador aseguró que estos programas se encuentran disponibles para cualquier estudiante sin importar su origen étnico.

"Yo fui estudiante de estos cursos y fueron muy importantes para mi, porque me enseñaron a tener orgullo de mi cultura y darle valor a la educación", dijo a Efe Crystal Terriquez, estudiante del Colegio Comunitario Pima (PCC).

En su opinión, estos cursos motivan a los jóvenes latinos a seguir en la escuela, lo que considera de suma importancia sobre todo ante el alto índice de deserción escolar que hay entre este grupo.

"Es mentira que se enseñe racismo, solo se enseña la verdad, aunque a mucha gente no le guste o le incomode que se conozcan las injusticias que se han cometido en contra de nuestra comunidad. Nosotros no estamos inventado que antes los mexicanos y los afromericanos no podían compartir ni siquiera el mismo baño con los blancos", dijo Terriquez.

La decisión final sobre cómo será aplicada la nueva ley estatal queda en manos del Departamento de Educación o del Superintendente de Educación, en este caso la persona que reemplace a Horne, quien anunció que dejará su puesto para postularse como candidato a la Fiscalía estatal.

En caso que los distritos escolares no cumplan con las nuevas regulaciones, el estado tiene el poder de retener hasta un 10 por ciento de los fondos de ayuda que se entregan a las escuelas.

La aprobación de la nueva ley estatal se une a la polémica causada por la firma el pasado 23 de abril de la ley estatal SB1070, la primera en Estados Unidos en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados.

La SB1070, que entrará en vigor el próximo 29 de julio, otorga funciones de agentes de inmigración a los departamentos policíacos y penaliza a los extranjeros que porten sus documentados migratorios al momento de ser cuestionados por las autoridades, entre otros.



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