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IFAI ordena abrir archivo de Tlatelolco 68

26 de mayo de 2010.

Por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) la Procuraduría General de la República (PGR) deberá elaborar y entregar una versión pública de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/002/2002, relativa a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Por esa averiguación se ejerció acción penal contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez y otros implicados, por la posible comisión de los delitos de genocidio y privación ilegal de la libertad.

La PGR había contestado que no contaba con la información que requería por un ciudadano debido a que fue consignada al Juez Décimo quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien radicó la averiguación previa bajo el número de causa penal 78/05.

"Los expedientes fueron remitidos al Juzgado por lo que los archivos ya no se encuentran en la dependencia", señaló la PGR.

La dependencia también dijo que la información solicitada estaba en el supuesto de "reserva" establecido en la Ley Federal de Transparencia y por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La comisionada ponente, Sigrid Arzt Colunga, revocó la reserva y señaló que tanto el Instituto como el Poder Judicial han argumentado que en el caso de investigaciones de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, las razones para proteger la secrecía de investigaciones ministeriales son de menor jerarquía con relación al interés público de transparentar la gestión gubernamental.

En su resolución recordó que el Estado mexicano reconoció el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el año 2005, que tipifica los crímenes de lesa humanidad como la comisión de actos como homicidio y privación grave de la libertad física, perpetrados como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La comisionada Arzt Colunga agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en tesis que en caso de que funcionarios públicos estén relacionados con la violación de derechos humanos, lo que impera es la publicidad de las investigaciones.

Por ello, el IFAI llegó a la conclusión que debe predominar el principio de máxima publicidad, por la naturaleza misma de los hechos consignados en la averiguación previa.



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