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La Suprema Corte de Justicia ratifica extinción de Luz y Fuerza

6 de julio de 2010.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la extinción de la compañía Luz y Fuerza, al asegurar que el Presidente está autorizado para desaparecer las paraestatales que el Poder Ejecutivo haya creado.

Por unanimidad, los once ministros del pleno consideraron que el decreto del presidente Felipe Calderón que firma la desaparición de la empresa es constitucional, y no viola los principios de libertad sindical.

Por lo que negaron un amparo a los 40 mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

"No existe fundamento, y por ende es jurídicamente insostenible la postura de la parte quejosa al considerar que el Presidente de la República debió haber enviado una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para iniciar el proceso de liquidación del organismo", dijo el ministro Juan Silva Meza, vinculado al ala liberal del alto tribunal.

Además, los derechos laborales de los trabajadores quedan salvaguardados para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, pues no fueron objeto de discusión en la sesión pública. Pero, en el debate, los abogados de los agremiados escucharon uno a uno sus argumentos rechazados.

De acuerdo con el dictamen presentado ayer por Silva Meza, LyFC reportó pérdidas en sus registros de energía de hasta 30.6 por ciento, por encima del diez por ciento que registró la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales refiere que "cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines", la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de la empresa.

Para la mayoría de los ministros, los argumentos de los quejosos (que representaban a los 40 mil trabajadores de LyFC), fueron inválidos, a pesar de que apelaron a reglamentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Las quejosas parten de una premisa incorrecta", aseguró Silva Meza.

Según la SCJN, con el decreto no hay un acto privativo de derechos. Esto coincidió con el fallo previo de la juez federal Guillermina Coutiño Mata.

La magistrada concedió, en noviembre de 2009, una suspensión que avaló las relaciones laborales con la empresa. Sin embargo, cuando la juez sea notificada del fallo de la SCJN, quedará sin efectos su sentencia.

Además, la Corte negó al líder sindical, Martín Esparza, la solicitud de atracción de la toma de las instalaciones.



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