Weekly News

La opinión de:
Sergio Armendáriz
Maxiproceso o megacumbre

22 de julio de 2010.

Con excepción de las también llamadas “guerras de exterminio”, generalmente con significados de “limpieza étnica” o pureza racial, prácticamente la totalidad de los conflictos armados en el mundo, contienen los mecanismo de diálogo que conducen al establecimiento de armisticios o tratados de paz o pacificación. Si no son propiamente “guerras” en sentido legítimo, entonces viene a ser actos de procuración de justicia en persecución de delitos y delincuentes, con el objetivo de implementar juicios penales consecuentes con un tipo de derecho distinto al que se establece en relación a los conflictos que sí pueden denominarse correctamente en lo semántico y en lo estratégico: “guerras”.

Son famosos en la lectura clásica de los regímenes mafiosos de la historia, los casos de actuación de la Fiscalía antimafia en Palermo, Sicilia, en la Italia de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, procesos legales de penalización de grandes capos y eminentes políticos que representaban la crema y nata del Estado mafioso de aquella época en aquella compleja región del mundo, es bien sabido que hasta primeros ministros italianos en la agonía del siglo XX se vieron severísimamente cuestionados por su involucramiento con los grupos reconocidos como del crimen organizado, específicamente el tristemente célebre caso de Giulio Andreotti, prohombre de la democracia cristiana italiana.

Menciono de pasada la anterior, ateniéndome al breve y valioso espacio para desarrollar aquí algunas ideas, debido a que es un hecho avalado por la historia, la circunstancia de darle credibilidad al Estado de derecho y a la justicia únicamente a través de la realización de actos jurídicos de efectivo castigo, aplicados a los grandes personajes implicados en las turbiedades de los dineros negros blanqueados en imponente cuantía, es decir, la famosa aplicación de la justicia “caiga quien caiga”. En México, según algunos estudiosos encargados del tema, aproximadamente el 80% de la actividad económica se encuentra infiltrada por el dinero proveniente del giro narcotráfico, imagine usted la promiscuidad de dineros negros y blancos en vigencia actual, pero sobre todo, los posibles nombres y razones sociales y políticas que deben estar dando concreción a semejante porcentaje de penetración económica.

Ante semejante cuadro de complicidad intuitivo, resulta candoroso pensar en que el vapuleado estado de derecho mexicano y sus colapsadas instituciones de justicia, pudieran en este momento ser un verdadero dique contenedor de tal ilegalidad, dado que como dijera Leonardo Sciascia, la democracia como sistema en esta tesitura, viene simplemente a ser el andamio de vigas maestras que sustentan al régimen mafioso. Lejana la posibilidad de “maxiprocesos”, aún.

Por otro lado, si lo que pasa en Ciudad Juárez fuese realmente una “guerra”, entonces cabría la posibilidad de establecer procesos de negociación y diálogo para estabilizar y atraer la paz a la región de nuestra convulsionada geografía social, sin embargo, sentar a la mesa de concertación a los cárteles es una impostura estratégica por la naturaleza políticamente incorrecta del pensamiento mismo de esa atrevida propuesta.

Imagínese usted una especie de “megacumbre”, en la cual acordaran y arreglaran sus diferencias sangrientas los grupos emblemáticos del crimen organizado, pactando una forma de armisticio nacional que marcara un renovado pacto por la viabilidad de la República; en el contexto actual, necesario, pero a la vez, inconcebible, por razones legales, morales y también, de profunda imbecilidad de hipocresía política.

Insisto, en las guerras los sujetos adversarios o enemigos involucrados, combaten para finalmente pactar lo que les permite sobrevivir sin entrar a la lógica inaceptable del exterminio, si esto no se da, entonces no tenemos propiamente una “guerra”, sino un ajuste de cuentas de una especie de mafiosidad institucionalizada, donde el Estado se convierte en juez y parte de los grupos armados en combate, situación claramente identificable en Ciudad Juárez, donde a voz en cuello se grita la parcialidad de la sesgada conducción estatal a favor de uno de los multimencionados grupos que disputan el territorio fronterizo de tráfico de droga. El peor de los escenarios posibles.



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