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Arizona traerá más inseguridad: Padrés

27 de julio de 2010.

SONORA.— Ante la inminente aprobación de la ley SB1070 el gobierno de Sonora espera deportaciones masivas y un incremento en los índices de inseguridad, sobre todo en Nogales, el principal puerto fronterizo con Arizona.

El gobernador Guillermo Padrés reconoció que no hay certeza de cuál será el impacto en la entidad si la ley entra en vigor este 29 de julio, pero señaló que se necesitará reforzar la frontera en materia de seguridad, programas sociales, empleo y sobre todo albergues para los connacionales que sean expulsados de Arizona.

El mandatario dijo: “Totalmente (habrá un incremento en la inseguridad), tenemos bastantes elementos en la ciudad donde se espera más flujo, que es Nogales, sabemos que eso puede derivar en acciones desesperadas, entendemos que por ayudar a darle de comer a sus familias, pero vamos a estar pendientes”.

El retorno de los connacionales implica que el estado debe garantizar que puedan tener acceso a vivienda, educación y, lo más importante, que tengan seguridad y más aún los que regresen por Nogales, que es uno de los municipios más violentos de la entidad, dijo.

El alcalde de ese municipio, José Ángel Hernández, ha señalado en varias ocasiones que los albergues que tienen no serán suficientes, pues desde que se aprobó la legislación en Arizona hay un incremento en deportaciones.

Las autoridades estatales están trabajando en una estrategia especial que involucrará a varias secretarías de estado para atender a las familias deportadas, pues es evidente que Sonora será la entidad por donde regresen los paisanos que sean detenidos en EU.

El gobierno de Sonora abrirá un canal de comunicación con las entidades expulsoras más frecuentes para hacer convenios y así agilizar el traslado de los migrantes a sus lugares de origen.

Autoridades, bajo la mira de CEDH

Para evitar que las autoridades federales, estatales y municipales cometan violaciones a las garantías individuales de los connacionales que sean deportados, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos enviará brigadas especiales a los municipios que son puertos fronterizos.

Los visitadores generales y adjuntos estarán trabajando en Nogales, San Luis Río Colorado, Naco, Sonoyta y Agua Prieta para brindar asesoría legal y velar por las garantías individuales de las familias que regresen al país.

Desde el miércoles estarán apostados en las puertas fronterizas para dialogar con miles de migrantes que esperan sean deportados por las autoridades de Arizona.

Con la entrada en vigor de la ley SB1070 en Arizona el panorama económico tanto para ese estado como para Sonora se vislumbra catastrófico, el impacto a todas luces será negativo, ya que son estados que están ligados comercialmente, señaló Mario Camberos, especialista del Centro en Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).

Lo que se vislumbra con la entrada en vigor de esta ley es un empobrecimiento de las ciudades fronterizas tanto de Arizona como de Sonora.

El especialista agregó que hay un serio riesgo de que los llamados chicanos que viven en las ciudades de los condados que colindan con la frontera con Sonora en Arizona lo pierdan todo y entren en una crisis económica importante.

El académico dijo que la afectación no será sólo para los mexicanos, son muchos los negocios de estadounidenses que dependen de lo que los sonorenses compran en esas ciudades.

Para recordarles a los estadounidenses que el 29 de julio entrará en vigor una ley racista y xenofóbica, un grupo de ciudadanos de Nogales está convocando a una marcha pacífica en esa ciudad fronteriza precisamente el jueves. Ramsés Leyva, uno de los organizadores, comentó que le están pidiendo a la gente que acuda de blanco y recorran desde la plaza Miguel Hidalgo, en el centro del municipio, hasta la línea divisoria con Arizona.



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