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Recibe amenazas tras resolución de la ley SB-1070

30 de julio de 2010.

La jueza federal Susan Bolton, que bloqueó parte de la polémica ley SB1070, que criminaliza la inmigración ilegal en el estado de Arizona (EU), ha sido amenazada por grupos o

El miércoles, Bolton bloqueó las partes más polémicas de la ley SB1070, que criminaliza la presencia ilegal en Arizona, en lo que fue una victoria para los grupos pro-inmigrantes y un revés para quienes exigen más acciones punitivas contra los indocumentados.

El encargado de la seguridad del sistema jurídico en Arizona ("U.S. Marshal"), David Gonzáles, dijo a la prensa que tras el dictamen del miércoles, Bolton ha recibido "miles" de llamadas telefónicas y correos electrónicos, algunos positivos y otros negativos y de gente furiosa con el fallo.

"Es gente que está ventilando (su frustración) y han expresado su descontento en una forma muy perversa", explicó Gonzáles, sin ofrecer detalles sobre el contenido de los mensajes ni de sus remitentes.

No obstante, señaló, algunos de los mensajes son lo suficientemente serios y las autoridades les han prestado atención.

La gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, presentó este jueves una apelación del dictamen de Bolton ante el IX tribunal de apelaciones en San Francisco (California).

Bolton suspendió lo más polémico de la ley, de manera que, por ejemplo, la policía no podrá detener a quienes sospeche que se encuentran en Arizona de forma ilegal.

La jueza dejó en pie la cláusula mediante la cual es un delito de menor cuantía ofrecer albergue y transporte a los extranjeros clandestinos.

Bolton tendrá que pronunciarse aún sobre la constitucionalidad de los elementos suspendidos, y sobre las demandas entabladas contra la SB1070.

Gonzáles evadió precisar si las amenazas provienen de grupos xenófobos que desde hace tiempo vienen exigiendo medidas más contundentes del Gobierno federal en contra de la población indocumentada.

Tampoco quiso dar detalles sobre las medidas adicionales de seguridad que ha emprendido su cuerpo policial para proteger a Bolton, como lo hace de rutina la entidad con los jueces federales.

El sistema de "U.S. Marshals" , que data de 1789, está compuesto por agentes federales que se encargan de la seguridad en los tribunales, la protección de los jueces y testigos en juicios, el traslado de prisioneros, así como de investigaciones de fugitivos, confiscación de bienes, entre otras tareas.



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