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A debate, la seguridad de periodistas

3 de agosto de 2010.

Distrito Federal.-Detener la violencia y muerte contra periodistas obliga a que el Estado destine presupuestos relevantes para la investigación de asesinatos, secuestros, amenazas, a la par de que se fortalezcan la defensa de la libertad de expresión y que los medios se unan para responder a los embates en su contra, señalaron las bancadas del PRI, PAN, PRD en la Cámara de Diputados.

Entre mayo y julio, senadores y diputados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión han presentado, además, cuatro puntos de acuerdo para dar “autonomía técnica” a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas y para crear un Comité de Protección.

También han promovido que la fiscalía especial que atiende estos delitos entregue un informe detallado sobre la situación de violencia que viven los representantes de los medios de comunicación.

La presidenta de la Comisión Especial que da seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, María Yolanda Valencia Vales (PAN), dijo que para pedir resultados a la fiscalía especial debe asignarse a esa dependencia de la PGR recursos que le permitan investigar.

Indicó que cobra relevancia capacitar a los periodistas y sus familias ante posibles secuestros, y difundir medidas de prevención de peligros en la cobertura informativa, así como en la publicación de materiales que descubren a criminales.

Una eventual federalización de los delitos contra periodistas no tendrá efecto alguno si se carece de recursos económicos, profesionales y técnicos para investigar asesinatos, secuestros y otros delitos, señaló.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD) dijo que el Estado debe asegurar la reparación del daño a las víctimas de violencia, y al efecto cabildea una reforma a la Constitución, iniciativa que se encuentra en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Plantea que los deudos de periodistas tengan acceso a los derechos de pensión, seguridad social y educación garantizada.

La coordinadora del PAN en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota, dijo que su bancada apoya la iniciativa presidencial de reforma al artículo 73 de la Constitución para que las autoridades federales tengan la facultad de conocer delitos del fuero común que afecten la libertad de expresión.

Proyecto estancado

La creación de un Comité Técnico de Protección a Periodistas, el primer paso para avanzar hacia una política de Estado sobre el tema, quedó estancado tras la salida de Fernando Gómez Mont de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó la organización no gubernamental Artículo 19.

Ricardo González, oficial del Programa de Libertad de Expresión y Protección para México y Centroamérica, dijo que el organismo propuso al gobierno federal instalar un comité de evaluación de riesgos, similar al creado en Colombia a fines de los 90 para afrontar las agresiones.

La propuesta parte de la premisa de que el Estado es el principal responsable de garantizar la integridad de los periodistas y de la población. Afirmó que el siguiente paso es un acuerdo entre los medios sobre cómo afrontar situaciones de secuestro.

La Fundación para la Libertad de Expresión en México se pronunció por una política de Estado que proteja a periodistas, “una ley que se cumpla”



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