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Kirchner acusa a la prensa ante la justicia

25 de agosto de 2010.

BUENOS AIRES.— El gobierno argentino enviará a la justicia una denuncia penal contra los diarios Clarín y La Nación, argumentando que asumieron el control de la empresa Papel Prensa “ilegalmente, mediante amenazas y presiones” contra sus antiguos dueños. Anunció el envío de un proyecto al Congreso para declarar “de interés público” la producción de pasta celulosa.

En una larga presentación, que plasma la ofensiva más agresiva contra los medios de comunicación —de las que existieron en los siete años de gobierno— y con el Salón Blanco de la casa de gobierno atestado de funcionarios, simpatizantes y hasta artistas, la presidenta Cristina Kirchner presentó el informe de 400 páginas “Papel Prensa, la verdad”, aduciendo que “debimos intervenir en el tema, no para controlar a nadie, sino para que dejen de controlar a todos los argentinos”.

La mandataria hizo un recuento histórico de cómo surgió la planta de producción de celulosa y de cómo a la familia del empresario David Graiver y su esposa, Lidia Papaleo, le fueron arrancadas las acciones de Papel Prensa. La firma está compuesta hoy así: 37% de las acciones están en manos de Clarín; 27.46% en las del Estado, más un 0.6% de la Agencia TELAM; 22% de La Nación y 12% de Simeco, una sociedad en la que Clarín es socia mayoritaria junto a La Nación.

Kirchner citó un reciente editorial del matutino Clarín, donde señala que el gobierno quiere controlar la palabra impresa. De ahí la mandataria admitió “coincidir” con Clarín porque, dijo, “refiere que el que controla Papel Prensa controla la palabra impresa y esa planta está en manos de una empresa monopólica integrada porque también controla la materia prima y hasta fija el precio”.

En medio de un clima de algarabía, y antes de que la presidenta anunciara que el procurador del Tesoro enviará la denuncia penal a la justicia y hablara del proyecto que deberá tratar el Congreso, hicieron uso de la palabra el consejero del gobierno en Papel Prensa, Alberto González Arzac, y la economista Beatriz Paglieri, quienes le entregaron el informe a la mandataria. “En el informe se verifica el accionar ilegal de los diarios participantes en las transferencias accionarias y permite a su vez que la verdad sobre Papel Prensa se alcance de manera incontrovertible”, dijo González Arzac, quien acusó a Clarín y La Nación de haber incurrido en “amenazas, apremios ilegales, secuestros, privaciones de la libertad en lugares ilegítimos, interrupción de bienes y torturas”, en detrimento de la familia Graiver, los que calificó de “delitos imprescriptibles”. De acuerdo con un despacho de la agencia Associated Press, el gobierno argentino acusó en el informe a los dueños de los dos principales diarios argentinos de crímenes de lesa humanidad por apropiarse de la mayor proveedora de papel para la prensa en forma ilegal y mediante amenazas durante la última dictadura militar.

Clarín y La Nación se defendieron a través de un editorial conjunto publicado en las ediciones de ambos matutinos en el que acusan al gobierno de haber inventado una historia “para quedarse con Papel Prensa” y aportan datos para demostrar que “la compra de Papel Prensa fue una operación lícita”.



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