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Denuncia de espionaje político sacude a Brasil

27 de agosto de 2010.

BUENOS AIRES.— Justo cuando la candidata oficialista a las elecciones presidenciales de Brasil, Dilma Rousseff, alcanzó una extensa ventaja en las encuestas, la denuncia sobre un presunto espionaje de miembros del Partido de los Trabajadores (PT), su agrupación, contra dirigentes del Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB), que postula a José Serra, sacudió ayer el ambiente político del país, con una discusión que, al parecer, terminará en los tribunales.

La denuncia fue formulada por el propio PSDB, luego de que la propia oficina fiscal difundiera una investigación interna contra una persona que habría logrado imprimir la información fiscal del vicepresidente del partido, Eduardo Jorge Caldas Pereira; del ex ministro de Comunicaciones, Luis Carlos Mendonca de Barros, y de otros dos allegados a Serra, quien ayer acusó a Rousseff de verse favorecida con esos actos de espionaje, perpetrados, al parecer, en octubre pasado.

De acuerdo a fuentes fiscales publicadas por el matutino Folha de Sao Paulo, los documentos habrían sido copiados por “un grupo de inteligencia” presuntamente vinculado a Rousseff, la candidata a la que el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, impulsa desde hace dos años y ahora, a poco más de un mes para los comicios, apoya con inauguración de obras y discursos de marcado contenido político.

Mientras Rousseff, quien de acuerdo con las más recientes encuestas estaría a un paso de ganar en primera vuelta —el 3 de octubre—, negó cualquier vinculación con el caso, fuentes de la campaña de Serra adelantaron ayer que presentarán una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). “Lo que tenemos claramente es un vínculo entre la candidatura de Dilma y ese grupo de inteligencia que aparece en los periódicos. Sólo basta con mostrar esos vínculos y responsabilizar a Dilma por delito electoral”, explicó el diputado Raúl Jungmann, aliado del PSDB.

Por su parte, el presidente del PT —el de Rousseff), José Eduardo Dutra, adelantó que presentará una denuncia penal y otra civil contra Serra y el PSDB por difamación. Aunque la oficina fiscal evitó aportar detalles de la investigación, se supo que los datos de Caldas, Mendonca de Barros y del ex director do Banco do Brasil, Ricardo Sergio de Oliveira, y el dirigente Gregorio Marin Preciado, se obtuvieron del sistema informático con la clave de la analista fiscal Antonia Aparecida Neves Silva, utilizando el ordenador de otra agente.

Lanzan obra hidroeléctrica

Mientras en la campaña todo era agitación con estas denuncias, Lula siguió con su ritmo de anuncios e inauguraciones. Ayer firmó la concesión pública para la construcción de la gigante hidroeléctrica BeloMonte en la Amazonia, una controvertida obra contra la que se manifiestan pueblos originarios, varias ONGs y hasta la Iglesia católica, que acusa al gobierno de decretar “la muerte del río Xingú”.

“Estamos haciendo posible algo que por 30 años pareció imposible. Esto es una victoria del sector energético”, explicó Lula da Silva durante un acto en el estado nordestito de Pará.

La obra está planificada para producir 11 mil 200 MW de potencia, lo que equivale al 11% de la capacidad instalada del país, con un costo estimado de 11 mil millones de dólares; el proyecto será llevado a cabo por un consorcio nacional.

La hidroeléctrica será la tercera por su tamaño en el mundo después de la de Tres Gargantas, en China, y la de Itaipú, en la frontera argentino-paraguaya.

Temen daños ambientales

Los grupos que se oponen a su construcción han denunciado que el gobierno no ha tenido en cuenta los daños medioambientales y humanos de las obras, que obligarán a inundar una zona de más de 500 kilómetros de selva y a desplazar a unos 50 mil indios y campesinos que viven en ese espacio y se dedican, en su mayoría, al cultivo de cacao.

El gobierno, por su parte, ha asegurado que la subasta ha respetado todas las normas ambientales que existen en el país y que se han incluido cláusulas para minimizar el daño y garantizar las debidas indemnizaciones a todos los desplazados.

El Consejo Indigenista Misionario (Cimi), organización ligada a la Iglesia católica, ha denunciado que la firma del proyecto es “una afrenta escandalosa a las convenciones internacionales de derechos humanos, a la legislación brasileña y la Constitución del país”.

En un manifiesto, el organismo aseguró que el proyecto vulnera una convención de la Organización Internacional del Trabajo, además de las declaraciones de la ONU sobre pueblos indígenas y diversidad biológica. Según el Cimi, esos acuerdos internacionales exigen “el consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades locales en el caso de que los poderes públicos emprendan proyectos que afecten sus vidas.

Los firmantes de la misiva advierten que el proyecto es “una mancha macabra y fea, pero no extinguirá la resistencia de los indígenas, ribereños y pequeños agricultores que luchan por sus vidas”.

Pero mientras los anuncios continúan, ahora la pelea central por la sucesión entre Rousseff y Serra se traslada de lleno a la Justicia. (Con información de agencias)



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