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En la SEP robaban a los indígenas

1 de septiembre de 2010.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó dos redes de corrupción donde participaban 194 funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que simulaban compras directas con facturas de supuestos pagos de lentes y aparatos ortopédicos, entre otros.

La SFP informó que en ambos casos, dicho personal estaba adscrito a la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la SEP. Han sido inhabilitados por 10 y hasta 29 años por daños al erario de 3.9 millones de pesos.

Además, se presentaron denuncias penales el 24 de agosto por el Órgano Interno de Control de la SEP por vender facturas o certificados médicos falsos a precios de entre 400 y 800 pesos.

Tras una auditoría, las facturas no fueron reconocidas por los supuestos emisores y los certificados llevaban nombres y firmas falsos de médicos, carecían de sellos oficiales y en el ISSSTE no estaban los expedientes médicos.

Durante 615 veces entre 2005 y 2006, según la investigación, el empleado presentaba el documento que compró ante la Coordinación Administrativa para tramitar el pago de la prestación y se pagaba sin ninguna verificación.

En este caso, donde participaron 14 funcionarios que desviaron 2.7 millones de pesos, la administrativa Yolanda Leonila Rodríguez fue inhabilitada 29 años y sancionada con 8 mil 210 pesos.

En esta investigación se confirmó la simulación de compras directas por medio de la presentación de documentos falsos, tales como solicitudes de compra, vales de abasto de artículos y registros de ingreso al almacén.

Además de Yolanda Leonila Rodríguez, fueron inhabilitados con 22 años, Luis Wence Ángel, profesional de análisis especializado y Graciela Gutiérrez Calderón, especialista técnico, además de otros 11 empleados involucrados podrían recibir sanciones similares.

Facturas apócrifas

En el segundo caso, la SFP detectó otra red de corrupción conformada por 180 servidores públicos adscritos a la DGEI de la SEP, que cobraba prestaciones laborales con un daño patrimonial por un millón 259 mil pesos.

Los involucrados usaron facturas presuntamente apócrifas de proveedores de lentes y de aparatos ortopédicos, así como recetas que no fueron expedidas por el ISSSTE, para justificar el pago indebido de dichas prestaciones.

La Secretaría de la Función Pública informó que ha abierto procedimientos de responsabilidades administrativas contra los 180 servidores públicos que participaron en los hechos.



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